El Gobierno envía un proyecto que aumenta la participación del Estado y los gremios en las empresas

El Gobierno tiene todo listo para enviar al Congreso un proyecto de ley que contempla una mayor injerencia del Estado y los gremios en las empresas con más de 100 empleados.

La iniciativa fue presentada ayer por el presidente Alberto Fernández a los dirigentes de la CGT, con los que se reunió en el Salón Eva Perón de Casa Rosada.

El proyecto de Ley "de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo" prevé la creación de comités con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

La propuesta apunta a crear un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, en el que se concederá prioridad al principio de prevención, en tanto que la implementación de los comités será obligatoria para las empresas donde se desempeñan más de cien trabajadoras.

En tanto, en las unidades productivas de dimensiones inferiores, se concederán facultades específicas a los delegados para participar y actuar en todos los temas relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo

El proyecto fue elaborado por los ministerios de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, y la participación de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

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Entre los empresarios el temor es que esta iniciativa se termine convirtiendo en un proyecto de intervención estatal de las compañías, lo cual podría perjudicar la generación de puestos de trabajo en un país donde el 40% de la población es pobre.

“No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el Siglo XXI”, expresó Fernández, quien celebró la redacción del proyecto que será enviado al Congreso y destacó que “este es el modo de trabajar, no hay otra manera”.

Participaron del encuentro los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), el diputado nacional y dirigente de la CTA, Hugo Yasky, Marina Jaureguiberry (SADOP), Hugo Godoy (ATE), los secretarios generales de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró, de ATE Capital, Daniel Catalano, de SUTEBA, Roberto Baradel, de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subtes y Premetros, Roberto Pianelli, de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, y la secretaria general de la Unión de Trabajadores de Moda e Imagen Publicitaria, Noemí Ruiz.

Alberto Fernández estuvo acompañado por los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, además de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra; y las diputadas nacionales Vanesa Siley y Patricia Mounier.

Moroni destacó durante la reunión que quedó demostrado que “el método paritario funciona”, y resaltó que durante la pandemia “los protocolos de seguridad han funcionado y Argentina ha sido el país con menos contagios en ámbitos laborales”.

Por su parte, la ministra Gómez Alcorta sostuvo que particularmente para las mujeres, desde su cartera, "tiene una vital importancia este proyecto de ley porque prevé que estos comités mixtos de empleadores y trabajadores sean paritarios en razón de género”, ya que esos órganos deberán contribuir a la prevención de la violencia y el acoso en el trabajo, y cualquier otra forma de discriminación.

Por su parte, Daer afirmó que la iniciativa “da vuelta 20 años de discusión en la Argentina al generar ámbitos con participación de comisiones internas y empresarios en la solución de temas, no sólo como el acoso y la violencia laboral, sino que van hacia la prevención de las condiciones de salubridad e higiene en el ámbito laboral”.

De este modo se revierten “discusiones históricas" que se generaban en el país, donde "lo único que se debatía era el valor del resarcimiento del daño que se le generaba a los trabajadores y trabajadoras”, sostuvo el dirigente. Para Daer, además, el proyecto “muestra claramente hacia dónde va un proceso político que marca en el diálogo entre trabajadores y empresarios un camino hacia la asignación de derechos y mejores condiciones laborales”.