Absa: a la ausencia de control y regulación, se suma la falta de inversiones y un plan director

Henry Stegmayer (*) /Juan Diego González Morales (**)

Falta o escasez de agua durante varios días, baja presión del suministro, agua que llega a los domicilios color marrón lo que hace imposible su ingesta, desbordes cloacales que convierten el ambiente en irrespirable, son algunos de los acuciantes problemas que atraviesan durante el verano las usuarias y usuarios del servicio de agua potable brindado por Aguas Bonaerenses S.A. en la Provincia de Buenos Aires, todo ello enmarcado en la imperiosa necesidad del cuidado de nuestra salud personal debido a la pandemia del COVID-19.

La falta de inversiones mínimas para la conservación y mantenimiento de las redes de agua potable y saneamiento, son reclamadas desde hace más de 10 años, pero mucho más luego de los injustos tarifazos aplicados por la anterior gestión.

Recordemos que el principal justificativo para aumentar las tarifas consistía en el compromiso de mejorar la infraestructura existente y la expansión hacia nuevos usuarios, obligación que no se cumplió, y que lo convierte en una pesada herencia que el actual Gobierno de la Provincia de Buenos Aires debe afrontar rápidamente, para evitar el padecimiento que significa para miles de usuarios no tener acceso al agua potable en condiciones de calidad y cantidad suficiente.

A esto se suma el descontrol del control del servicio público de agua y cloacas en todo el territorio bonaerense pergeñado por el gobierno de María Eugenia Vidal. El desprecio por la implementación de políticas de saneamiento en general, y por lo derechos de las y los usuarios en particular, desembocó en la eliminación del organismo de control (OCABA), dejando a los habitantes de toda la Provincia sin un ente profesionalizado que recepte sus reclamos y demande de los prestadores el cumplimiento de sus obligaciones. Un justificativo de la perentoria necesidad del restablecimiento del control puede encontrarse en una importante cantidad de resoluciones del ex Ocaba en favor de usuarios que no recibían el servicio de agua potable en la cantidad exigida por las normas vigentes, y que resolvieron obligar al concesionario a no cobrar dicho servicio hasta tanto no se mejore el mismo, siendo estas resoluciones “leading case” (caso destacado) en dicha materia.

Hoy, ese control es ejercido por la Autoridad del Agua (ADA), pese a que su misión es la de velar por la protección, conservación y manejo del recurso hídrico (Código de Aguas - Ley N° 12.257), no la de atender y resolver los reclamos de los usuarios, custodiar la calidad y cantidad del servicio y velar por tarifas justas y razonables para que el derecho humano al acceso al agua potable sea una realidad.

No se pone en tela de juicio la importante misión que cumple la Autoridad del Agua (ADA), pero sostenemos con firmeza que debe recrearse un ente de control y regulación sectorial que cumpla su misión específica de supervisar, ordenar y organizar el comportamiento de los más de 200 prestadores que operan en la Provincia de Buenos Aires.

Creemos que el actual Gobierno Provincial puede y debe arrogarse el servicio público de agua y saneamiento como una política de estado urgente e inclaudicable, basado esencialmente en su importancia para prevenir y mejorar la salud pública de todos los habitantes.

Para ello debe ponerse en marcha un Plan Director de Optimización y Expansión del Servicio, con el consenso de todos los sectores involucrados, que en los próximos 10 años oriente la urgencia y prioridad de las futuras inversiones, haciendo eje en el derecho de todas y todos a tener acceso al saneamiento. Dicho plan debe priorizar el desarrollo de políticas públicas que fomenten en todos los estamentos el cuidado y uso racional del agua, comenzando por la instalación de medidores de caudales domiciliarios, que ayudan a reducir el consumo innecesario de agua y llevan justicia y equidad a las tarifas que se abonan.

Por último, creemos que debería sancionarse una ley que brinde un marco de previsibilidad a las futuras negociaciones tarifarias, para que las mismas permitan la participación popular y no queden libradas al arbitrio del Poder Ejecutivo. Es la forma de hacer realidad la implementación para siempre de tarifas justas, razonables y no confiscatorias para todas y todos los usuarios, porque los servicios públicos ¡son un derecho!

* Presidente de la Asociación Consumidores Responsables

** Presidente del Centro de Estudios por los Servicios Públicos y el Medio Ambiente (CESPMA)