Hace pocas jornadas se hablaba en esta columna del auge imparable de la violencia de género en nuestro país, en una situación que en las últimas jornadas se tradujo en tres homicidios, dos de ellos que tuvieron amplia repercusión pública, los de Ursula Bahillo y de Ivana Módica, que culminaron de la peor forma, con el femicidio de ambas. Las víctimas, como suele suceder, habían alertado a su entorno, habían formulado denuncias ante varios organismos públicos con incumbencia en el tema y ni siquiera así pudieron librarse de ese final de pesadilla.

De modo que la expresión formulada ayer ante este diario por una mujer platense, que es en la actualidad otra víctima del peligroso asedio de su ex compañero, adquiere plena consistencia: “Falta que escuchen a las víctimas”, advirtió. La mujer, después de reseñar varias de las amenazas de muerte que recibió, el grado de persecución que sufre y hasta algunas tentativas concretas de homicidio contra ella, se preguntó: “¿No es suficiente todo lo que hizo –en alusión a su ex pareja- para que alguien haga algo...?”

Desde luego que se trata de un caso particular, que se encuentra sometido a investigaciones por parte de la Justicia y sobre los cuales, por consiguiente, no pueden formularse otras consideraciones. Pero en términos genéricos, sí puede consignarse que los agresores que acosan a sus parejas –pese a que son denunciados- casi nunca son llamados a declarar ni enviados a que realicen algún tratamiento de tipo psicológico o psiquiátrico.

Los acosadores y agresores –que luego, lamentablemente, suelen concluir su derrotero como femicidas- siguen mientras tanto su vida con normalidad, sin acatar, inclusive, medidas de restricción como la llamada perimetral, en tanto que las mujeres víctimas de ellos deben encerrarse en sus domicilios para evitar nuevos ataques en su contra. Pero estos, como se sabe, lamentablemente vuelven a ocurrir.

Está claro que muchos organismos del Estado con incumbencia en este tema, ya sea encargados de ejercer contralor sobre el tema, concretar un debido apoyo a las mujeres víctimas, realizar tareas de consigna y seguimiento policiales, juzgar a los agresores y velar por el mejor cumplimiento de las condenas, entre otras múltiples oficinas públicas creadas para ocuparse de la violencia de género, no están cumpliendo en forma cabal con sus funciones. En una situación que, seguramente, se ha visto aún más acentuada a partir de la pandemia que ha resentido, sin dudas, muchas de las prestaciones del Estado.

Se conoce, también, el menguado aporte que prestan algunas medidas y dispositivos de protección, como los botones antipánico, las tobilleras electrónicas o las medidas de restricción perimetral, casi siempre vulneradas por los agresores.

No se puede dudar tampoco de que hacen falta planes de acción para prevenir, erradicar y sancionar las múltiples formas de violencia de género. Y junto a ello, contar con una sólida educación de base, irradiada en toda la sociedad, convertida en prédica familiar, impartida a los niños y jóvenes en las escuelas, para que existan bases firmes en las que apoyar un pleno respeto a la identidad y a los derechos de las mujeres. Pero es vital que los organismos del Estado empiecen a actuar con mayor eficacia y con toda la energía legal posible, sin cuya presencia será imposible frenar el flagelo de la violencia de género.