La Plata no debería ser la tierra prometida para la venta ambulante

Un reciente relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios volvió a remarcar la preocupación existente por el continuo crecimiento de la venta ambulante en La Plata, llegándose a computar en estos días casi 260 puestos de venta callejera diseminados en plazas, parques y veredas de avenidas y calles.

El lugar de mayor concentración de la venta ambulante quedó ocupado por la plaza Italia, con casi 80 puestos que actualmente cubren la casi totalidad del espacio verde y de los veredones. La plaza Italia se lleva, entonces, con un 30,9 por ciento de incidencia el primer lugar con mayor venta informal, seguida por la zona de la Terminal de trenes (12,5 por ciento), la calle 7 en distintas alturas, por las calles la 8, la 46 y otras.

Está claro que no han servido los operativos realizados en forma discontinua y que, por ejemplo, en el caso de la plaza Italia, la lentitud en reaccionar por parte de la Municipalidad cuando se instalan los primeros puestos, sirvió de estímulo para favorecer la ocupación total de una de los dos principales plazas de la Ciudad por parte de la venta ambulante.

Se han conocido también algunas opiniones informales, favorables a la instalación de puesteros en la Ciudad, fundadas en la necesidad de trabajo que tiene mucha gente. Esas posturas dejan de lado que la venta ambulante encuentra basamento en la falsificación de marcas, en la venta de alimentos sin ningún tipo de control bromatológico o en el contrabando de muchas mercaderías que ingresan al país sin pagar ningún tipo de gravámenes. Como trasfondo, la venta ambulante –manejada por organizaciones perfectamente estructuradas- también se aprovecha de la necesidad de trabajo de mucha gente, a la que somete a condiciones laborales y de vida que vulneran derechos humanos elementales.

Pero además, esa actividad perjudica al comercio instalado, cuyos operadores pagan salarios al personal –se habla de miles de puestos de trabajo, muchos de ellos en riesgo- tributan tasas e impuestos a la Ciudad, a Provincia y Nación y enfrentan vencimientos relacionados a los alquileres, obras sociales y otras múltiples obligaciones, mientras que existen, como se ha dicho, casi 260 puestos de venta que no pagan ninguna clase de tributo ni enfrentan costo alguno. Muchos grandes conglomerados urbanos, como Quilmes, han combatido el fenómeno y no existe la venta ambulante en ellos.

Pese a todo ello y a los múltiples reclamos de entidades representativas del comercio platense y del país, que periódicamente detallan estas irregularidades con estadísticas precisas acerca del creciente número de puestos y de las enormes cantidades de dinero que mueve la economía informal, no se ha logrado impedir que La Plata siga siendo la tierra prometida de la venta ambulante. La Ciudad no aplica actualmente las ordenanzas vigentes, que prohíben esa actividad y no defiende al comercio regular, hoy gravemente condicionado por la pandemia y este verdadero auge de una competencia desleal.

Desde luego que resulta muy sensible y debe atenderse la situación que atraviesa mucha gente privada de trabajo y que busca ganarse un sustento. Pero de la informalidad se derivan perjuicios muchos mayores y es el Estado el que debe buscar alternativas en forma urgente. La venta ambulante sólo beneficia a organizaciones mafiosas que la apuntalan, que explota a los vendedores y perjudica no sólo a miles de comerciantes sino a la calidad de vida de la Ciudad. Pero también son las arcas públicas de la Nación, de la Provincia y de la Municipalidad las que dejan de percibir tributos correspondientes a las miles de operaciones que realiza, de modo tal que son esos tres estamentos del Estado los que deberían actuar en forma conjunta para poner las cosas en orden.