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MARIANA MUGNA
El escenario político nacional comienza a mostrar señales de una acumulación de tensiones que ya no pueden leerse como episodios aislados. En las últimas semanas, distintos conflictos, de naturaleza política, reputacional y económica, empiezan a superponerse y a impactar de manera conjunta sobre la percepción pública, configurando un clima más exigente para el gobierno de Javier Milei.
Desde el análisis, esto se parece bastante a lo que Mario Riorda define como una policrisis: distintas crisis que conviven, se cruzan y se potencian entre sí. Pero más allá del concepto, hay algo más concreto: el contexto en el que esas crisis aparecen.
La economía sigue siendo el telón de fondo más pesado. La persistencia de un malestar económico sostenido, con evaluaciones negativas del presente y expectativas mayoritariamente pesimistas, configura una crisis crónica que no estalla de golpe, pero que está siempre presente y marca el clima. Los datos acompañan esa percepción: según la última encuesta de Proyección Consultores, el 51,5% de los encuestados señala que su situación económica empeoró en los últimos meses, mientras que el 59,3% cree que empeorará en el corto plazo y el 57,9% considera que el país atraviesa una crisis económica. En ese escenario, la tolerancia social frente a otros conflictos se reduce, y episodios que en otro momento podrían haber pasado de largo, hoy adquieren otra dimensión.
Y es sobre este telón que desde hace casi dos meses el caso que involucra a Manuel Adorni se instaló con fuerza en la agenda pública. Su persistencia, su alta visibilidad y el predominio de evaluaciones negativas lo convierten en un episodio que claramente trasciende lo individual. Los datos de opinión pública refuerzan esa percepción: el 58,9% lo considera un hecho grave que afecta la credibilidad del funcionario, según Proyección Consultores.
En la misma línea, estudios de Giacobbe & Asociados señalan que los principales motivos de rechazo se vinculan con el uso de recursos públicos (39,3%) y la contradicción política (33,9%). Es decir, justo en los puntos donde más fuerte era el discurso oficial.
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En este tipo de situaciones, el problema no es únicamente el hecho en sí, sino lo que pone en duda. Y en este caso, lo que queda bajo tensión es la coherencia entre discurso y práctica. No afecta sólo a un funcionario: impacta directamente sobre el mito de gobierno.
Desde su origen, el oficialismo construyó su narrativa sobre un eje claro que combina transparencia, austeridad y ruptura con las prácticas de la “casta”. Este eje es el mismísimo mito de gobierno sobre el que se apoya su legitimidad. Y cuando ese relato empieza a mostrar fisuras, el impacto no es sólo comunicacional: es político.
Es por eso que el impacto del caso no se agota en su dimensión reputacional. Su persistencia y centralidad lo convierten en algo más que un episodio incómodo: lo vuelven un organizador de la agenda y, al mismo tiempo, un factor que desordena la narrativa de gobierno. Y ahí es donde el problema deja de ser individual y pasa a ser político.
¿Qué ocurre cuando un gobierno deja de hablar de lo que quiere y pasa a hablar de lo que le imponen? ¿Sigue siendo conducción o empieza a ser reacción? Ahí aparece uno de los cambios más relevantes de este momento. Si en etapas previas el oficialismo lograba instalar temas y ordenar la discusión pública, la dinámica actual muestra un desplazamiento hacia una lógica más reactiva. En los últimos meses, el gobierno enfrenta crecientes dificultades para imponer sus propios ejes de debate, y eso impacta directamente sobre su capacidad de sostener el sentido de su propio relato.
Y eso no es menor. Porque en política, perder la agenda es empezar a perder poder. Pero también implica algo más profundo: cuando la agenda deja de ser propia, el relato empieza a resquebrajarse. Y cuando se resquebraja la narrativa de gobierno, lo que entra en tensión no es sólo la comunicación, sino el mito sobre el que se apoya la legitimidad.
La combinación entre una crisis económica de fondo y episodios que tensionan ese relato produce un efecto acumulativo. No es un hecho, ni dos: es una serie. Capas que se superponen y construyen un clima donde la percepción de inconsistencia empieza a expandirse y donde el gobierno encuentra cada vez más dificultades para ordenar tanto la agenda como el sentido de lo que comunica.
Y cuando los problemas empiezan a acumularse, a encadenarse y a reaparecer sin resolverse del todo, lo que queda ya no es la imagen de un episodio puntual, sino algo más difícil de contener. Algo más parecido, aunque no se lo nombre, a una “cascada” que no parece detenerse.
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