Investigan por presunta extorsión a organizaciones piqueteras por pasar asistencia en marchas

Dos organizaciones piqueteras fueron denunciadas en las últimas horas por el fiscal Federal Guillermo Marijuán, quien las denunció por “posible extorsión”. El Polo Obrero y la “Organización Clasista Revolucionaria” quedaron bajo la lupa luego de que se observó cómo presuntos militantes de estas organizaciones que marcharon ayer en el centro porteño "pasaban lista" a los presentes y se les entrega "un pago mensual".

El fiscal hizo la presentación basándose en las imágenes que emitió TN anoche en un informe, donde se reveló que cómo habrían accionado ambas agrupaciones frente al Ministerio de Desarrollo Social. Según se observa, se tomaba asistencia a las personas que concurrían a la masiva marcha para reclamar planes sociales, bajo la supuesta amenaza de que, "en caso de no presentarse o retirarse antes de lo pactado, le quitarían el beneficio o no les entregarían los que estaban en trámite", según se indica en el informe.

Marijuán, que es el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°9, cree que la maniobra que registrada por el canal de noticias “constituye un delito”. En ese sentido detalló que la operatoria presuntamente ilícita podría encuadrarse en la figura de coacción, previsto y reprimido en el art. 149 bis del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”. Según establece el apartado del mismo Código, “la pena será: de cinco a diez años de prisión o reclusión en los siguientes casos: a) Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”.

El escrito agrega que en esa figura penal “se obra por la intimidación que ocasiona creando un estado de alarma o temor que lleva a la víctima a hacer algo que no quiere o dejar de hacer algo que quiere. En el delito de coacción la cuestión tiene que encararse desde el punto de vista de su aptitud para constreñir al sujeto pasivo a que doblegue su voluntad ante la del agente”.

De todas formas, Marijuán dejó abierta la posibilidad de que puedan achacarle a los responsables de la maniobra otras calificaciones penales, que puedan surgir durante la instrucción. “El propósito de estas marchas en las que se exigía la concurrencia de los beneficiarios, consistía en obtener algún beneficio por parte del Ministerio de Desarrollo Social -a cargo de Juan Zabaleta-", precisó.

Asimismo reclamó una serie de medidas de prueba. En primer lugar, que se solicite a la fuerza de seguridad que se considere pertinente que identifiquen a las personas que se observan en las imágenes periodísticas tomando asistencia. También que se identifique a los concurrentes a la marcha para recibir su testimonio y que se libre oficio al Ministerio de Desarrollo Social para que deje sin efecto “cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo” a las organizaciones denunciadas, con la salvedad que esto no implique dejar sin planes sociales a las personas que integran esos movimientos sociales, “toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes”. Así, le solicitó a Zabaleta que continué con la ayuda, pero que lo haga “personalmente, sin intermediación de organizaciones o terceros”.

El informe

En el informe de TN se puede escuchar el testimonio de distintas personas que aseguran que tienen que ir a las marchas para poder cobrar el dinero que reciben de las organizaciones sociales. "Por mes cobro 12.000 pesos. Si no nos quedamos hasta el final de la marcha no nos pagan”, sostiene uno de los entrevistas por el canal de noticias durante la movilización de ayer en el centro porteño.

Otro contó que “queremos planes. Somos gente de familia y tenemos hijos. Hoy estamos acá para que nos den una mano”, y reconoció que no se trata de una asignación brindada por el Estado, sino que es “una plata que los ayuda todos los meses”. También sostuvo que “tenemos que venir una o dos veces al mes. Cuando hay marcha hay que estar. Nos convocan desde las 11 de la mañana hasta que termine”.

Por otro lado, una mujer de La Matanza manifestó que firmó un cuaderno con su nombre, confirmando la asistencia a la movilización. En ese sentido agregó: “Pagan 12.000 pesos mensuales, no es una asignación sino una plata que nos da el Polo Obrero. Con la tarjeta del banco uno cobra en el cajero. Dicen que si uno no viene lo dan de baja, pero yo no falté ni una vez, así que no se”.

En tanto que una manifestante que se enco0ntraba junto a su familia contó que tiene “cuatro hijos y pago un alquiler. Acá en la organización estamos cobrando 12.000 pesos. Y eso no alcanza, porque el alquiler vale 8.500 pesos. Acá la señora, la organizadora, nos trató muy bien. Nos da lo que nosotros necesitamos, mercadería, la ayuda que estamos pidiendo acá nos la dieron”. Mientras, varios testimonios concuerdan en que si no concurren le tienen que pagar a un “reemplazo” entre unos 1.500 y 3.000 pesos. “Si no venís te dan de baja. A la mayoría nos pasó que faltamos una vez y ya no pudimos cobrar”, aseguran en el informe.

En otro tramo del video, en medio de la desconcentración de la marcha, las cámaras de TN registraron cuando se le pedía el número a los manifestantes para corroborar que se hayan quedado hasta el final. “En la entrada nos dieron un número y ahora de salida lo tenemos que entregar otra vez”, dice uno de los movilizados cuando en ese momento tachaban el nombre de quien fue a la marcha confirmando su permanencia hasta el fin de la misma.

Una señora, mientras recogía los números, les indicaba: “Sigan la bandera, cuando la bandera se guarda, ahí recién se pueden ir a sus casas”. También sostenía que el Ministerio de Desarrollo Social era el encargado de entregar el dinero a las organizaciones sociales que luego se reparte entre las personas que van a la marcha.