La necesidad de mayores controles sobre el servicio de los hogares geriátricos

La clausura dispuesta en las últimas horas de un geriátrico ubicado en un barrio de nuestra ciudad que funcionaba sin habilitación municipal y que mantenía en malas condiciones a un grupo de adultos mayores, en un operativo realizado a partir de una denuncia anónima, no debe dejar de ser visto como una referencia acerca del servicio -muchas veces deficiente- que brindan algunos establecimientos dedicados a este rubro.

En el caso aquí mencionado la investigación oficial aludió a las “pésimas condiciones de higiene del lugar y el lamentable estado de los ancianos”, dándose intervención a la Justicia penal, a Policía y al SAME, ocupándose este último de trasladar a las personas. Una de ellas debió ser llevada a un hospital, ya que presentaba serios problemas respiratorios.

Lo primero que debiera decirse es que el sostenido crecimiento de la expectativa de vida, si bien constituye un dato alentador en el sentido que confirma los notables avances de la medicina, plantea sin embargo una serie de desafíos a partir de la falta de previsiones existentes para resolver los problemas propios de la tercera edad. Y uno de ellos, tal vez uno de los más acuciantes y dramáticos, tiene que ver con el funcionamiento de estos centros de atención.

Este diario reflejó hace pocos años las conclusiones ofrecidas en un informe realizado antes del inicio de la pandemia por un investigador británico de la Universidad de East Anglia, uno de los referentes europeos en temas de la tercera edad, que eligió hacer su investigación en La Plata por su previa vinculación con una Ong local, que lo invitó a presentar las conclusiones de su trabajo.

Entre las investigaciones realizadas, se procuró determinar cuántos de los adultos mayores que vivían en residencias geriátricas necesitaban realmente estar en ellas; cuántos eligieron o habían estado de acuerdo en ingresar allí; en qué medida los sentían como hogares donde se los cuidaba y contenía, y no como sitios donde esperaban simplemente la hora de morir, entre otros interrogantes que constituyeron un crítico trasfondo que describió, como conclusión, un panorama angustiante en torno a muchos de los geriátricos que funcionaban en la Ciudad. El estudio se realizó sobre treinta de las cerca de sesenta residencias para mayores existentes entonces en la Ciudad.

Aunque mencionó la existencia de excepciones, la investigación señaló que muchos de los establecimientos para mayores relevados en su momento en La Plata eran antiguos y estaban deteriorados, que contaban con personal poco capacitado e incurrían de manera habitual en prácticas que iban desde lo cuestionable a lo violatorio, tanto de los derechos de las personas mayores como de lo establecido por la normativa que regula su actividad.

En el informe se destacó, literalmente, que “ninguno de los organismos de control, desde reparticiones municipales y provinciales a las obras sociales que contrataban sus servicios, estaban en condiciones de saber lo que pasaba dentro de los geriátricos”.

Esas y otras conclusiones igualmente impactantes, como la falta de consentimiento expreso de algunos pacientes para ser internados, el suministro sin control de pastillas así como la falta de personal especializado, formaron parte del informe.

Está claro que -sin perjuicio del trato afectuoso y contenedor que los grupos familiares deben ofrecerles a los adultos mayores- lo que se requiere es que con criterio realista y, también, tutelar, las autoridades sanitarias no dejen de poner la lupa sobre esta cuestión tan delicada, que incluye de una manera esencial el derecho a la salud y a la vida digna de muchas personas mayores internadas hoy en los establecimientos geriátricos.