Esta semana, el economista nicaragüense exiliado Javier Álvarez (67) fue sorprendido por una “terrible” noticia: su esposa, su hija y su yerno, detenidos hace 21 días por el gobierno de Daniel Ortega, habían sido formalmente acusados de graves delitos en los tribunales de Nicaragua.
Jeannine Horvilleur, de 63 años, Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43, ambas de doble nacionalidad nicaragüense-francesa, y el esposo de la última, Félix Roiz, fueron sacados de sus casas por la Policía nicaragüense el 13 de septiembre y arrestados sin mediar orden judicial, asegura.
El gobierno de Ortega profundizó la persecución de sus adversarios políticos, y al parecer ya no se conforma con llevarlos al exilio, sino que ahora acusa a sus familiares por la vía penal. Decenas de miles de nicaragüenses huyeron del país en la represión posterior a las masivas protestas de abril de 2018. Decenas más fueron detenidos y castigados con largas condenas de prisión.
Según Álvarez, el primer golpe fue enterarse de la captura de sus familiares, ya estando él en Costa Rica, donde fue forzado a exiliarse. Su hija y su yerno ingeniero manejaban juntos una pequeña empresa. Dos días después de la captura, Álvarez recibió un mensaje de la Policía que indicaba que sus familiares estaban encerrados en la cárcel policial de El Chipote “y que no saldrían hasta que yo me entregara”. Según el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) este caso revela “un nuevo patrón de secuestro extorsivo” utilizado por el gobierno sandinista para forzar la captura o rendición de los opositores exiliados. “Los tomaron como rehenes”, tuiteó la ONG. Álvarez no tiene militancia política y se define como un ciudadano opositor. (AP)
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