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La necesidad de una recomposición salarial frente a la escalada inflacionaria vuelve a sumar cortocircuitos entre la Vicepresidenta y el Presidente, que defiende las paritarias
Diferencias, también por el tema salarial entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner /archivo
Bono o suma fija. Cómo recomponer los salarios deprimidos por una inflación que va camino al 100 por ciento anual es uno de los grandes interrogantes del Gobierno. También, motivo de nuevos cortocircuitos entre La Cámpora, Cristina Kirchner y Alberto Fernández.
Las diferencias quedaron más que expuestas la semana pasada, cuando la Vicepresidenta, en su rol de presidenta del Senado, resolvió otorgar una suma fija de $30.000 a los empleados de la Cámara alta. Algo que replicó la titular de la Cámara de Diputados, la massista Cecilia Moreau.
Le marcaban, de esa manera, la cancha al Presidente que, con el respaldo de la CGT, rechaza avanzar con una suba de esas características porque, sostiene, alteraría la dinámica de las paritarias. Y en cambio evalúa un bono de fin de año de valor y alcance incierto.
La suma fija, que es aquella que se incorpora directamente al sueldo como parte del salario, con impacto en las cargas sociales e impositivas, es algo sobre lo que machacan sectores del sindicalismo K, entre los que están gremialistas como Pablo Moyano (camioneros) y Sergio Palazzo (bancarios). También Máximo Kirchner y La Cámpora venían insistiendo en ese sentido. Hasta que la propia Vice reapareció en un acto con la UOM en Pilar y anticipó lo que después terminaría impulsando para los trabajadores del Senado: “Es necesario una suma fija que vuelva a darle capacidad a los trabajadores. Esto no va en detrimento de las paritarias. Cómo vamos a ir en detrimento de las paritarias, justamente nosotros que fuimos los que volvimos a introducir la cuestión paritaria en la cuestión económica”, lanzó entonces.
La frase, huelga agregar, iba dirigida a Alberto Fernández, que en estos días dejó trascender en su entorno que “hacerle caso sería producir un estrago económico, pero no puedo salir a decirlo”.
Públicamente, el jefe de Estado ha confirmado que lo que habrá es un bono (que se paga por única vez o por un plazo determinado, pero no se incorpora al salario) y no lo que propone la exmandataria “porque en la Argentina las paritarias funcionan plenamente y lo que hay que dejar es funcionar las paritarias”. El argumento, además, agrega que “interferir con una suma fija a los salarios más bajos genera muchos problemas en muchos lugares porque los salarios más bajos están en los municipios y están en los pequeños comercios, y el riesgo que se corre en ese caso es generar un problema fiscal en los municipios y generar un problema también en muchos pequeños comercios que no tengo ninguna duda lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad. Lo que nosotros tenemos que recuperar es el salario de todos, incluyendo a los de más bajos ingresos y confiamos que el método de la paritaria es el adecuado”.
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En línea con la postura presidencial se ubicó un sector mayoritario de la CGT, que advierte que “los trabajadores no quieren aumento por decreto” porque “la herramienta de negociación paritaria es el instrumento más idóneo y beneficioso para las recomposiciones salariales”. Y porque además, dicen en la cúpula cegetista por lo bajo, una suma fija achataría la pirámide salarial de cada sector y les quitaría poder para negociar otros aumentos.
El ala albertista del Gobierno se apoya sobre esa idea y, rechazando los planteos de Cristina Kirchner y la Cámpora, busca darle forma al pago de un bono sobre el que todavía no hay mayores precisiones: ni de monto ni de techo. Tampoco nada se sabe sobre el universo que alcanzará y si, por ejemplo, llegará solo a trabajadores estatales o también tendrá impacto en el sector privado. Algunos creen que no, ya que el Gobierno no cuenta con atribuciones legales para obligar a las empresas a pagar a sus empleados ni el bono que impulsa el Presidente ni la suma fija que reclama la Vice.
La Vicepresidenta resolvió otorgar una suma fija de $30.000 a los empleados del Senado
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