El FMI pide priorizar a la niñez sobre los jubilados y reducir subsidios

Técnicos del Fondo Monetario Internacional marcaron una serie de cuestiones a las que, según su criterio, el Gobierno debería darles prioridad a fin de cumplir con varias de las metas fijadas en el acuerdo alcanzado para refinanciar la deuda. Y entre ellas hicieron especial hincapié en la necesidad de reducir los subsidios a la energía y al transporte, a fin de achicar el déficit fiscal, uno de los grandes problemas que tiene la Argentina.

Esto, claro está, no es nuevo. Incluso, el FMI lo ha hecho notar en numerosas ocasiones durante las gestiones que entabló con el ministro de Economía Martín Guzmán, hasta alcanzar el citado entendimiento, e incluso después. Pero en un análisis técnico más amplio sobre distintos factores que impactan en la economía argentina, el organismo puntualizó sobre la misión imperiosa de mejorar la condición de los menores que viven en la pobreza y, a la vez, rever los recursos que se destinan a los adultos mayores que, de acuerdo a los técnicos, son superiores a los distribuidos por otros países de la región.

En el apartado denominado distribución “intergeneracional” del gasto, el Fondo afirma que el Gobierno destina más de lo debido al sistema previsional, es decir, a jubilaciones y otros beneficios a personas mayores, y muy poco en la atención a la minoridad.

Sistema previsional

Indica que el gasto del sistema previsional se lleva el 40 por ciento del gasto total, contra solo 5 por ciento para asistencia social, y mientras 54 por ciento de los menores de 14 años son pobres, solo lo son el 14 por ciento de los mayores.

También se explica que además del 40 por ciento del gasto federal, los gastos previsionales explican el 12 por ciento del gasto de las provincias. Sumadas, esas erogaciones se acercan al 10 por ciento del PBI “bien por sobre el promedio de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) y más del doble del promedio de otros países latinoamericanos y emergentes”, según el FMI. Y agrega: “Ese alto gasto se debe a una extensa cobertura y generosos niveles de beneficios”.

Luego hace notar que la proporción de jubilados y pensionados sobre la población mayor de 65 años es del 140 por ciento contra 109 por ciento en los países de la OCDE, algo que se debe a la “edad relativamente baja de retiro, moratorias previsionales que sumaron individuos con insuficientes contribuciones al sistema contributivo (que ahora sólo cubre el 30 por ciento del gasto en pensiones)” y “tasas de reemplazo” (esto es, el porcentaje promedio de las jubilaciones respecto de los salarios) del 90 por ciento, contra 58 por ciento en la OCDE y regímenes especiales “generosos”, incluyendo aquellos a nivel provincial.

LE PUEDE INTERESAR

Tensión con la Corte: los K analizan un juicio político

LE PUEDE INTERESAR

El oficialismo se queda en el Senado con una comisión clave para nombrar jueces

Al ampliar el análisis se dice que el gasto en pensiones ha oscilado entre 8,5 por ciento y 9,5 por ciento del PBI desde 2015, “reflejando una combinación de alta cobertura, régimen general y regímenes especiales generosos y pensiones no contributivas (moratorias previsionales)”.

Por eso alerta que a mediano y largo plazo el gasto previsional aumentará en otros 1,5 puntos del PBI. “Las autoridades se han comprometido a realizar y publicar un estudio sobre la equidad y sustentabilidad del sistema, incluyendo opciones que reformen los regímenes especiales y alienten a las personas a trabajar más años”, se asegura. Dicho estudio debe ser presentado antes de fin de año.

En ese camino, recomiendan evitar “aumentos discrecionales (del gasto jubilatorio), porque socavarían las metas fiscales y la sostenibilidad del sistema”.

Asistencia social

En cuanto a la asistencia social, el FMI dice que el Gobierno se está “esforzando en racionalizar y reorientar las transferencias y alentar la participación de mujeres y trabajadores de poca calificación en el mercado laboral”. El señalamiento coincide con la decisión oficial de no aumentar el número de programas sociales.

Para el organismo, mejorar la eficiencia de la asistencia oficial requiere una evaluación de los “vastos y fragmentados programas de protección social”.

Por eso el acuerdo incluye la fijación de un “piso” de asistencia, focalizada en el buen y preciso manejo de programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el plan Progresar, de becas escolares.

Frente a eso, resalta que cerca del 40 por ciento del gasto federal del país está orientado a pensiones y jubilaciones, contra solo 5 por ciento que se destina a programas de asistencia social como la AUH, la tarjeta Alimentar y las becas Progresar. Esas diferencias explicarían en parte las “muy significativas” diferencias de que “54 por ciento de los niños menores de 14 años viven en la pobreza, comparado con 14 por ciento de los mayores”.