La necesidad de desalentar la tenencia de armas en la población

Ahora fue un tiroteo con un muerto y tres heridos en un festival realizado el domingo pasado a la noche en Washington; a principios de este mes se registró también un tiroteo en un templo ubicado en Iowa, con dos mujeres fallecidas y pocos días después un incidente similar y trágico en unos consultorios de Tulsa, con cuatro víctimas fatales y muchos heridos.

Sea con intervención previa o no de la Policía, los episodios se suceden en los Estados Unidos, que enfrenta un profundo debate en medio de una verdadera epidemia de violencia por armas de fuego y en donde, según estadísticas realizadas, desde principios de año, murieron por heridas de bala más de 20.000 personas.

Cabe señalar que la Segunda Enmienda a la Constitución estadounidense, propuesta en 1789 y aprobada en 1791 protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Estados Unidos es uno de los países con menores limitaciones para adquirir y portar armas de fuego. No obstante ello, la situación ha llegado a tales extremos que buena parte de la sociedad estadounidense está pidiendo reformar esas normas.

En nuestro país, la fuerza de la realidad ha demostrado en muchas oportunidades que los niveles de inseguridad se ven acompañados por una mayor utilización de armas de fuego en la comisión de delitos y, antes que ello, por una creciente comercialización, legítima o clandestina, de armas. Muchas de ellas de alto poder.

Ultimos sondeos realizados demostraron que los homicidios cometidos se relacionan a peleas entre personas, desde contiendas ocasionales hasta disputas de tipo territorial, especialmente por las rivalidades existentes entre bandas dedicadas al narcotráfico, tal como lo vinieron reflejando las crónicas policiales del año pasado.

Tales cuestiones fueron tratadas en varias oportunidades en esta columna. Se está, indudablemente, ante la presencia cada vez más ostensible de armas de fuego en la vía pública. Esto se traduce, si se quiere inevitablemente, en tiroteos, asaltos con revólveres o pistolas y, también, en delincuentes abatidos por vecinos o efectivos policiales.

El tema no es nuevo. De acuerdo a las estadísticas aportadas hace once años por el entonces ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense surgía que existían aproximadamente, en promedio, un arma por cada treinta habitantes de la Provincia. Esta proporción era considerada entonces muy elevada.

Se conoce sobradamente que un arma en un hogar es un factor de riesgo. Sobre todo cuando está o puede estar en manos de personas inexpertas en su manejo, no acostumbradas a utilizarlas y que no tienen un entrenamiento especial para su manipulación. La situación se agrava completamente si esas personas carecen de madurez mental o si, también, se encuentran bajo el influjo de alguna droga.

Años atrás se impulsó el denominado Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, un procedimiento que se ideó para reducir la cantidad de armas en manos civiles y que también contemplaba su destrucción.

Lo importante es que el programa se gestó con la participación activa de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales y fundamentalmente de padres de víctimas, por el mal uso de armas. Los primeros resultados obtenidos mostraron que había una gran parte de la población que estaba dispuesta a desarmarse, cuando el Estado se lo proponía e incentivaba esa entrega a través de algún tipo de compensación .

No se trata de asumir posiciones extremas. Pero sí de desalentar la tenencia de armas en la población civil. Está demostrado que no contribuyen a la seguridad y que, en cambio, pueden arruinar vidas o favorecer, de una manera u otra, a un mercado negro que alimenta a las organizaciones delictivas. No se ignora aquí el notorio déficit del Estado en el tema seguridad, pero peor es permitir que impere la ley de la selva.