El docente Lucas Puig y otra petición para suspender el juicio en su contra

La fecha está fijada: 14 de junio. Ese día, el docente Lucas Puig, sospechado por presuntos casos de abuso sexual en un jardín de infantes de Los Hornos, en 2010, debería sentarse en el banquillo de los acusados para enfrentar un nuevo proceso oral por disposición del Tribunal de Casación bonaerense, el cual, pese a la sentencia exculpatoria -por mayoría- con la que llegó a esa instancia del proceso, ordenó la realización de otro debate con una integración distinta del jurado. ¿Los motivos? La necesidad de realizar un análisis más integral de la prueba reunida en el expediente y así poder determinar si existen elementos de cargo para arribar a un veredicto condenatorio o se ratifica la absolución. El problema está centrado en las cuestiones pendientes de resolución que, a entender de la defensa técnica del profesor de música, impiden que se pueda llevar a cabo el juicio en las condiciones estipuladas.

En ese sentido, de acuerdo a lo que pudo saber este diario, con el patrocinio del doctor Gastón Maximiliano Nicocia, Puig acudió con un hábeas corpus a la Sala II de la Cámara Penal para que, precisamente, ordene como paso previo la sustanciación de todos los recursos planteados y que aún seguirían sin abordaje. Esto es, dos pedidos de recusación y un planteo de litispendencia.

“Los jueces actuales del Tribunal en lo Criminal N° 1 pretenden llevar adelante un debate oral -en su totalidad- sea como sea, sin aclarar la modalidad de su realización, reitero desinterpretando -o al menos interpretando a su exclusiva voluntad- lo dispuesto por parte del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, aludiendo a razones poco claras y parciales que motivaron su pedido de apartamiento y discusiones pendientes que incluso están en etapa recursiva ante Vuestra Excelencia, por lo cual ha devenido ilegal continuar con el procedimiento -la realización de un debate oral- amenazando aún en potencial la libertad de mi defendido en caso de una condena y de un procedimiento arbitrario”, se advirtió en la presentación defensista, que se formuló en el marco de la nueva denuncia contra Puig, “por el mismo hecho, pero con otra fecha distinta al que originó el debate inicial: 2009”, destacó Nicocia.

“Lucas Puig se encuentra imputado por los mismos hechos en estas actuaciones y en las referidas constancias del Tribunal I”, indicaron en el hábeas corpus.

“Fácil es advertir que claramente (...) se configura la excepción de litispendencia, esto es, entre ambos procesos -estas actuaciones y las del Tribunal 1- media la triple identidad de partes, causa y objeto, por lo que al menos el planteo de litispendencia, tornaba en necesario la realización de una nueva audiencia para definir la cuestión, si serían citados testigos, si se reproduciría prueba, si se realizaría nueva, etc.”, agregaron.

Para el docente, entonces, “no se ha podido justificar válidamente en ninguna consideración del Tribunal interviniente cuál ha sido el marco de legalidad y/o de indemnidad de la garantía del debido proceso y defensa en juicio que se ha seguido y que permita considerar la realización del debate a como dé lugar con la eficacia suficiente (...) para no afectar garantías constitucionales”.

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“¿Por qué no se quiere determinar la modalidad de realización del debate? ¿Por qué se quiere llevar adelante el mismo, so pena de eventuales planteos nulificantes que perjudicarían no solo a las ´presuntas´ víctimas sino a todos los intervinientes en el proceso? ¿Por qué el Tribunal de juicio ha perdido todo tipo de posición imparcial en la preparación del debate oral?”, se preguntaron.

También dejaron sentado que “la actuación del Tribunal I lejos de garantizar una imparcialidad, amenaza de forma actual -con su actuar- el temor de mi defendido de un debate que culmine -sin garantías- restringiendo su libertad ambulatoria, puesto que incluso los jueces integrantes del mismo han ha tenido manifestaciones descalificantes hacia la defensa”.

Por todo esto, la defensa del docente pidió que “se ordene la suspensión del debate referido hasta tanto se resuelvan todas las cuestiones pendientes, y se determine (...) la forma y/o modo de realización, prueba que se desarrollará y/o reeditará, nuevo ofrecimiento probatorio y/o utilización de constancias que dan cuenta el acta de debate que no ha sido anulado, etc, en la forma, modos, plazos y participación previstos (...), acorde al debido proceso y la defensa en juicio”.