Condicionados seguramente por una ola delictiva cada día más violenta -con un sistema policial seriamente disminuido, tanto en su presencia preventiva como en su capacidad de investigar y esclarecer distintos hechos- algunos sectores de población han comenzado a practicar actos de justicia por mano propia, que deben ser evitados por las múltiples connotaciones negativas que ellos conllevan.

En las últimas jornadas se registraron en nuestra ciudad dos episodios preocupantes. Tal como se informó en este diario, en la madrugada de anteayer un grupo de vecinos de Villa Elvira quemó la vivienda de presuntos ladrones, a quienes golpearon brutalmente. Varios testigos confirmaron los alcances y detalles de un episodio que no pasó a mayores por cuestión de minutos. La oportuna llegada en este caso de la Policía impidió que el desenlace fuera mucho más grave.

A su vez, pocos días antes, vecinos de Los Hornos llevaron a cabo la detención de un joven a quien se acusa de haber presuntamente asaltado a una mujer embarazada, en un episodio que ocurrió en inmediaciones de la llamada “megatoma”. Momentos antes de concretar la captura de esa persona, tres delincuentes habían entrado a robar a la casa de una mujer que cursa un embarazo avanzado.

Cuando intentaron emprender la fuga con objetos que habían sustraído del interior de la vivienda, los vecinos -testigos del hecho- corrieron a los malvivientes y atraparon a uno de ellos. Tras tirarlo al piso, lo obligaron a confesar el ilícito y lo amenazaron con “prenderlo fuego”, para que entregue los elementos robados. Más allá de la ponderable actitud que asumieron en defensa de la víctima, el hecho se descontroló y estuvo al borde de una tragedia. Se habla de un eventual acto de linchamiento, ya que al presunto ladrón lo amenazaron con hacerlo beber nafta y prenderle fuego, según testimonios de testigos.

Lo preocupante es que este fenómeno está ocurriendo con frecuencia y que, asimismo, cuenta con el respaldo de sectores que parecieran ir creciendo.

Es plausible que la gran mayoría de la sociedad no se ha plegado a una tendencia que ha sido y es común en algunos países, en donde la seguridad de la población pareciera haber quedado delegada en grupos convertidos en literales “escuadrones de la muerte”. Se está muy lejos, aún, de esa alternativa, pero no debe dejar de observarse el crecimiento de casos en los que un delincuente es amenazado de linchamiento por quienes los detienen en la vía pública.

No debiera aceptarse que la gente deje de creer en una rápida respuesta policial y en la acción ulterior de la Justicia. En realidad, de lo que se habla poco es de algunas leyes procesales que han sido votadas en las últimas décadas y que, supuestamente encaminadas a la mejor defensa de los derechos humanos, por errores en la interpretación e instrumentación, atan las manos de la Policía y de la Justicia. Se sabe que, en la actualidad y desde hace tiempo, las víctimas de los delitos suelen pasar más tiempo declarando en las comisarías que los delincuentes que las asaltaron. Por lo cual muchas personas desisten de hacer las denuncias.

Es verdad que al estado de desamparo que sufren muchos vecindarios se suma, asimismo, el sentimiento generalizado de que la impunidad será, finalmente, el destino que le espera a algunos malvivientes detenidos, a los que suele aguardarlos una lista de beneficios procesales, que empiezan por la “puerta giratoria” y siguen con un frondoso catálogo de beneficios penitenciarios, que van desde el uso discrecional de reducciones de condena, pasan el otorgamientos de salidas transitorias a detenidos que salen para volver a delinquir los pocos días, cuando no se decretan indultos indiscriminados que permiten la salida de miles de peligrosos delincuentes.

Dice un refrán popular: “El que las rompe, las paga”. Llevado a los planos institucionales, esto significa que en materia de seguridad el Estado debe detener y hacer pagar a los que matan y roban, a los que actúan en asaltos con revólveres o armas blancas, a todos los que cruzan la frontera de la ley. No puede existir duda alguna sobre la necesidad de frenar a la delincuencia mediante las leyes y los organismos de seguridad existentes.

En ese contexto también corresponde oponerse de plano a la justicia por mano propia. De lo que se trata, en definitiva, es de defender el pleno imperio de la Constitución y de contar con leyes equilibradas, sensatas y eficaces. Asimismo, tanto la Policía como la administración de Justicia deben contar con recursos y apoyos suficientes, para hacer valer su imperio sobre la gente que quiere vivir en el delito o sobre la otra que, erróneamente y sin contar con incumbencia, quiere combatirla a tiro limpio.