Los documentos secretos, un problema añejo en EE UU

Al menos tres presidentes. Un vicepresidente, una secretaria de Estado, un procurador general. El mal manejo de documentos secretos en EE UU no es un problema exclusivo del presidente Joe Biden ni del expresidente Donald Trump.

El asunto de los documentos con sello de confidencialidad y quién, exactamente, se ha aferrado a ellos se tornó más complicado el martes tras saberse que el exvicepresidente Mike Pence también tenía ese tipo de documentos en su poder después de dejar el cargo. Al igual que Biden, Pence los entregó voluntariamente a las autoridades luego de que fueran hallados durante una búsqueda que solicitó, según su abogado y asesores.

Las revelaciones han puesto el tema del manejo adecuado de los documentos -que de otra forma sería un proceso de bajo perfil de Washington- en el centro del discurso político, y han dejado al descubierto una verdad incómoda: las políticas destinadas a controlar el manejo de los secretos de la nación son aplicadas de manera descuidada entre los altos funcionarios y dependen casi por completo de la buena fe.

Ha sido un problema intermitente durante décadas, desde los presidentes hasta los miembros del gabinete y el personal a lo largo de diversos gobiernos, una situación que se remonta hasta el expresidente Jimmy Carter. El asunto ha cobrado mayor importancia desde que Trump retuvo deliberadamente material con sello de confidencialidad en su mansión de Florida, lo que derivó en la incautación sin precedentes de miles de páginas de documentos por parte del FBI el año pasado.

Resulta que exfuncionarios de todos los niveles del gobierno descubren que tienen en su poder material secreto y lo entregan a las autoridades -concretamente al Archivo Nacional- por lo menos varias veces al año, según fuentes al tanto del asunto.

Funcionarios actuales y anteriores involucrados en el manejo de información secreta dicen que, si bien existen políticas claras sobre cómo se debería revisar y almacenar dicha información, en ocasiones esas políticas son dejadas de lado en los niveles más altos. Equipos de funcionarios de seguridad nacional, secretarios y ayudantes militares que comparten la responsabilidad de mantener informados a los gobernantes de alto nivel -y también los propios gobenantes- pueden alterar las reglas por conveniencia, rapidez o, a veces, por descuido.

Es un contraste con la forma más rígida en la que se siguen los procedimientos en la comunidad de inteligencia en general, donde el mal manejo de la información puede ser motivo de despido, revocación de la autorización de seguridad o incluso enjuiciamiento.

En cuanto al poder judicial, una ley federal distinta, la Ley de Procedimientos de Información Secreta, rige el manejo del material que se presenta ante los jueces en procesos penales y juicios civiles. Otra ley se ocupa de las investigaciones de inteligencia extranjera que se presentan ante un tribunal especial que opera en secreto. Ambas leyes buscan impedir que se dé a conocer información clasificada.