CABA apunta los cañones a Nación: embargo de cuentas por incumplir el fallo de la Corte

El oficialismo nacional mantiene su táctica ofensiva en el Congreso, con el juicio político contra los ministros de la Corte Suprema y en contraparte, el gobierno de la Ciudad se prepara para avanzar desde el miércoles (cuando retorne la actividad judicial) en el reclamo por el incumplimiento del fallo que ordenó a la Nación pagar el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables.

Uno de los pedidos que se efectuaron desde la Jefatura de Gobierno será el embargo de la cuenta del Ejecutivo nacional en el Banco Nación, pero en sintonía de ello, también se analiza pedir la aplicación de multas a los funcionarios que por orden del presidente  Fernández, optaron por desoír el fallo de la Corte.

Actualmente las medidas se encuentran siendo evaluadas por la Procuración General de la Ciudad, representada por Gabriel Astarloa, quien está a la espera del reinicio de la actividad judicial el primero de febrero, para reclamar ante la Corte que se cumpla con lo dictaminado desde el año pasado.

El embargo de la cuenta bancaria es una medida de "ejecución forzada", ante lo que la Ciudad ya denunció en el expediente como el incumplimiento del fallo. En consecuencia se requerirá al máximo tribunal que se proceda al embargo de los fondos correspondientes que se deben girar desde que se firmó la sentencia el pasado 21 de diciembre, lo que significa alrededor de $ 22.000 millones.

Esta avanzada implica el reclamo al Banco de la Nación Argentina, (dirigido nada mas ni nada menos que por Silvina Batakis),y su consiguiente intimación para dar cumplimiento al fallo y así lograr  que comience a depositar diariamente el dinero adeudado por este mes.

El 21 de diciembre la Corte falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires, al hacer lugar a una medida cautelar en la que ordenó al Ejecutivo nacional restituir a la administración porteña los fondos coparticipables recortados en 2020.

La Corte entendió que el reclamo era atendible, pero también, que se había provocado un daño a las arcas de la administración de Rodríguez Larreta, en la cual, se derivó en la creación de nuevos impuestos para los porteños. 

En base a estos dos acontecimientos, se ordenó al Gobierno nacional que comience a pagar al día siguiente del fallo el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables (CABA reclama que se vuelva al porcentaje original de 3,5 por ciento, pero esa discusión aún no comenzó a analizarse).

Durante el mes que transcurrió desde la sentencia, la Nación decidió no acatar el fallo. Y en el último día hábil de 2022, Carlos Zannini, en su rol de Procurador del Tesoro, presentó la recusación de los cuatro ministros de la Corte y una revocatoria del fallo.

Durante todo este mes no se acató el fallo y la Ciudad dejó de percibir $ 22.000 millones. Frente a ese contexto financiero es que ahora la Procuración General de la Ciudad se prepara para pedir el embargo de la cuenta bancarias de la Nación y posibles multas para los funcionarios nacionales.