El Estado y la sociedad desafiados por el auge de la delincuencia juvenil

Si los robos a transeúntes o a comercio por parte de menores de edad fueran casos aislados, poco habría que decir, ya eso formaría parte de la rutina cotidiana de cualquier ciudad a la que, lamentablemente, la inseguridad acostumbró a sus habitantes de manera muy negativa. El problema se agrava y debería ser enfrentado por las instituciones cuando el delito juvenil se convierte, como ocurre en La Plata, en una suerte de flagelo que castiga a vecinos y comerciantes a toda hora y en cualquier lugar.

Y lo de “cualquier lugar” no es una expresión dicha al correr del teclado. Ocurre que en las últimas horas un menor causó estragos y robó mercaderías del local “Don Armando”, ubicado en 2 y 51, es decir justo frente a la sede del ministerio de Seguridad provincial. Con total impunidad, sin reparo alguno, el adolescente de 14 años rompió los vidrios del local para ingresar.

Cabe señalar que, gracias al uso y seguimiento de cámaras, agentes de la Comisaría 1ra. lograron detenerlo en 7 y 51. El menor fue entregado al servicio zonal y poco después recuperó su libertad. De todos modos, no debería pasarse por alto que no es la primera vez que ocurren robos similares a metros de la sede central de la Policía bonaerense.

Pero tampoco esto importaría, frente al hecho de que el protagonismo de menores de edad en homicidios, robos violentos, asaltos a mano armada y en otros graves delitos, se viene acentuando cada vez más, tanto en la Ciudad como en diversos distritos del país. Al punto de que meses atrás se conoció la presentación de un proyecto de ley en el Congreso nacional que incluye -se trata de un tema ya remanido- la baja en la edad de la inimputabilidad penal de 16 a 15 años.

Según información estadística oficial de la Corte Suprema de la Nación, casi el 30 por ciento de los delitos contra la propiedad, la integridad sexual y las personas son cometidos por menores que no alcanzan a tener 16 años de edad.

Si bien como se ha dicho, en esta delicada cuestión existen posturas antagónicas, correspondería señalar que, en materia de inseguridad, si existe una cuestión que debe analizarse a fondo, revisando todos los aspectos involucrados en ella, esa es la de la intervención de menores en delitos.

Sin que esta afirmación implique abonar o no la propuesta ahora presentada, es preciso que los legisladores y especialistas que puedan asesorarlos, aborden este problema en todas sus manifestaciones, sean las intrínsecamente legales y judiciales, las educativas y de otra índole que puedan incidir. Entre estas, la creciente influencia de la droga en el universo juvenil.

Se han reiterado en esta columna, desde hace muchos años, fundamentos acerca de la necesidad de que existan en la Provincia y en el país políticas preventivas y de inclusión integral para alejar a los menores del delito. No puede ignorarse tampoco la actitud aviesa de muchos mayores que se aprovechan del estado de inimputabilidad penal de los menores, instándolos a delinquir.

Está comprobado, también, que una mayor inclusión de esos niños y jóvenes en actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o recreativas resultaron totalmente positivas y sirvieron para apartarlos del delito y de la droga, abriéndoles, además, perspectivas concretas de un futuro mejor.