Se debe discutir de una vez la coparticipación que corresponde a la Provincia

La provincia de Buenos Aires se ve perjudicada desde hace décadas por una verdadera discriminación presupuestaria, al no recibir desde Nación los porcentajes que le corresponden por la coparticipación federal de impuestos, producto de los fondos tributarios que se reparten entre el Estado nacional y las provincias. Nuestra provincia vino perdiendo participación en esa distribución y fueron, hasta ahora, estériles los reclamos formulados.

Convendría por lo pronto reseñar que el Estado bonaerense aporta más del 33 por ciento del PBI del país -algunas estadísticas hacen llegar a 40 por ciento ese aporte- y que, en cambio, porcentualmente recibe muchos puntos menos en carácter de recursos coparticipables distribuidos por el Gobierno nacional. Durante años percibió alrededor del 30 por ciento, pero en la actualidad (septiembre de 2008) ese porcentaje es por lo menos ocho puntos inferior.

Con más de 14 millones de habitantes, que son casi el 39 por ciento de la población nacional, nuestra provincia registra el más alto déficit de viviendas en el país; los sondeos marcan que allí se encuentra el 40 por ciento de la pobreza. Asimismo, sólo en la comparativamente pequeña superficie del Gran Buenos Aires se concentra más del 28 por ciento de la cantidad de habitantes del país, con elevados índices de desocupación y subocupación.

Son de sobra conocidas las gravísimos carencias socioeconómicas que, fundamentalmente aquejan a la población, especialmente en el Conurbano, que se reflejan en los muy complejos problemas de educación, seguridad y salud, muchos de los cuales podrían despejarse si cesara la discriminación que sufre la Provincia en materia de recursos coparticipables.

Desde un punto de vista político y hasta coyuntural adquieren importancia, entonces, las expresiones formuladas recientemente por el ex presidente de la Nación y actual titular del justicialismo que, en una reciente reunión que mantuvo con intendentes bonaerenses, advirtió que la provincia de Buenos Aires “debe recuperar seis puntos” de la coparticipación federal de impuestos, puntualizando que para ello impulsará conversaciones con referentes y legisladores de otras provincias.

Cobran importancia también sus manifestaciones referidas a que las otras provincias conocen esta situación de injusticia y que “admiten la pérdida que sufrió Buenos Aires”, pudiéndose a partir de allí conversar con dirigentes provinciales para instrumentar una pronta recuperación de los recursos que los bonaerenses perdieron. El hecho de que quien formuló tal reconocimiento sea, además, titular del partido oficialista, abre por consiguiente un panorama favorable para que se impulse cuanto antes la justa reivindicación que reclama la Provincia.

Está claro que -tal como se ha dicho en cada ocasión en que se tramitó el debido resarcimiento- el reclamo no excusa a la provincia de Buenos Aires a que se esmere en racionalizar sus ingresos y gastos, avanzando hacia una reforma del Estado que apunte a una mayor eficacia de las políticas públicas. Desde esta columna se ha insistido siempre en la necesidad de que el Estado bonaerense disminuya sus gastos improductivos, sin perjuicio de propiciar modificaciones que sinceren las relaciones financieras con la Nación.

De todos modos, se está frente a un reclamo histórico formulado desde diversos sectores de la Provincia y sostenido a través del tiempo. Pero es verdad, como también se dijo en este diario, que faltaron planteos orgánicos por parte de las sucesivas administraciones provinciales -así como de sus legisladores nacionales- ya sea ante los sucesivos gobiernos federales como, fundamentalmente, ante el Congreso que es quien debe decidir en la materia. La dirigencia bonaerense, entonces, debiera salvar esa omisión y actuar en consecuencia.