Impulsan un arancel universitario a extranjeros

La ambiciosa reforma del Estado contenida en el proyecto de ley ómnibus que el presidente, Javier Milei, envió ayer al Congreso incluye también varias reformas en el sistema educativo. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de que las universidades públicas comiencen a cobrarles un arancel a los estudiantes extranjeros no residentes.

La iniciativa, que ya comienza a ser motivo de controversia, genera especial impacto en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), sobre todo en la facultad de Medicina, donde la matrícula de ingresantes (sin importar de qué país provengan) se disparó en los últimos años hasta en un 1.000 por ciento desde que se habilitó el ingreso irrestricto y se quitó el examen eliminatorio, allá por diciembre de 2015.

Solo este año, más de la mitad de los alumnos que ingresaron a Medicina tenían documento extranjero: 53,7% (3.981 estudiantes) contra un 46,3% de argentinos (3.426).

En este marco, el capítulo educativo de la ley ómnibus libertaria viene a reavivar un viejo debate sobre la viabilidad de cobrarle o no a quienes lleguen de otras naciones a estudiar a nuestro país.

Puntualmente, lo que hace la iniciativa presidencial es modificar en el artículo 553 el artículo 2 bis de la ley 24.521 de Educación Superior que dice que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.

En su lugar, establece que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal para todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país, son gratuitos, quedando prohibido establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa, directos o indirectos”.

Pero abre las puertas a que las universidades públicas empiecen a cobrarles a los miles de extranjeros que, por ejemplo, llegan a la Ciudad en busca de un título para luego ejercer en sus lugares de origen. En ese sentido, plantea que “las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos” enumerados anteriormente.

Además, el proyecto establece que se podrá tomar un “examen censal obligatorio” a todos los estudiantes de educación secundaria “para medir los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan” y que “el alumno tendrá derecho a conocer y recibir una certificación del resultado”.

Otros países, como Brasil y Corea, ya implementan este tipo de pruebas y el puntaje obtenido en ellas es tenido en cuenta para ingresar a los universidades. En el caso argentino todavía no está claro cuál sería el objetivo.

Por último, la ley propone también “evaluar a los docentes que se incorporan a la docencia mediante un examen que certifique los capacidades y conocimientos adquiridos”.

Se advierte, en esa línea, que “la evaluación periódica será una condición y un aliciente para poder desempeñarse como docente en el país”, y que los maestros deberán “revalidar las capacidades y conocimientos cada cinco años mediante un proceso de evaluación continua”.