Funcionario municipal de La Plata, entre los espiados de la causa D`Alessandro

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de La Plata, Luis Barbier, resultó mencionado como víctima en la causa de las escuchas ilegales que investiga la Justicia Federal, a partir de la denuncia que el año pasado realizó el exministro de Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro y que incluye a jueces de la Corte y dirigentes de Juntos por el Cambio como el diputado Diego Santilli.

El funcionario del gabinete de Julio Garro dijo ayer a este diario que se enteró que su teléfono se encontraba en la lista de líneas espiadas “a través de los medios periodísticos”. Y que presentó un escrito ante la justicia porteña, en calidad de “víctima”, insistiendo en la necesidad de que se avance con la investigación y se esclarezca lo ocurrido.

También advirtió que desconoce los motivos por los que su línea figuraba entre los teléfonos espiados de jueces y dirigentes. “Pudo haber caído cualquiera. Soy de la política, pero no tengo motivos. No tengo los detalles de la investigación”, dijo en diálogo con EL DIA.

Se trata de la causa por la que se investiga el espionaje ilegal a jueces y fiscales que investigaron a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y a dirigentes de la oposición, que fue denunciado el año pasado, y en la que la justicia porteña avanzó ahora con nuevas líneas de investigación.

Es que inicialmente, la causa tuvo origen en el juzgado federal a cargo de María Romilda Servini de Cubría, ante la denuncia de Santilli, y, tras conocerse que también había sido hackeado el teléfono de D´Alessandro, el exministro radicó una nueva presentación en la justicia correccional de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Araceli Martínez. Pero esta última jueza se declaró incompetente el mes pasado al confirmar que, demás del exfuncionario porteño, también habían sido escuchados jueces y fiscales federales y otros dirigentes políticos, entre ellos el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad.

Luego de que la causa volviera a recaer en la justicia federal, fue rechazada por el nuevo juez a cargo, Sebastián Ramos. Ahora, mientras la Corte decide la competencia, la investigación seguirá en manos de la fiscal porteña Daniela Dupuy.

Según trascendió de las líneas que trazó la investigación judicial hasta ahora, las pistas podrían desembocar en una importante red de inteligencia ilegal. La primera ubica a uno de los administradores del sitio “Dark PFA”, desde donde se habría contratado al hacker Ezequiel Nuñes Pinhero. La primera jueza de la causa, Servini de Cubría, descubrió que desde uno de los celulares de este joven misionero se habría intervenido el teléfono de Barbier.

Consultado por EL DIA, Barbier sostuvo que nunca se enteró de haber estado alcanzado por la red de espionaje hasta que la investigación llegó a manos de la jueza Martínez, en CABA, y que, tras enterarse “por los medios periodísticos”, presentó un escrito espontáneamente. “Soy una víctima, estoy a disposición y quiero que se investigue y se llegue al fondo”, dijo. Al mismo tiempo, insistió: “Soy un hombre de la política, pero como caí yo pudo haber caído cualquiera. No sé con qué fines me escucharon. Tampoco sé en qué tiempo. La causa estuvo en secreto d sumario”.

La segunda de las líneas que investiga la justicia supone vínculos con el kirchnerismo, en tanto que la tercera ampliaría el rol de Nuñes Pinhero en las maniobras.

Según trascendió, otro de los teléfonos intrusados es el de una mujer de apellido Piperio, quien declaró que los hackers le pidieron hacer una transferencia a una cuenta del banco Brusbank, a cambio de recuperar el control de su teléfono. Se trató de un episodio que tuvo lugar el 12 de octubre pasado, dos días antes de que se intervenga el teléfono del diputado y ahora precandidato Diego Santilli.

La cuenta de Brusbank mencionada pertenece a la de una mujer que vive en una villa de emergencia en Rosario, aunque su dirección en los registros telefónicos coincide con la de la Oficina de Acceso a la Justicia (ATAJO) de la Procuración General de la Nación en Rosario, a cargo de un funcionario designado por la exprocuradora Alejandra Gils Carbó.