Reapertura de paritarias: presión salarial y gremios divididos

La devaluación del peso que impuso el ministro de Economía, Sergio Massa, como primera medida tras su derrota en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), desató una catarata de reclamos gremiales para volver a discutir salarios. Desde los estatales de ATE, pasando por los docentes bonaerenses y nacionales agrupados en Ctera hasta sindicatos de peso del sector privado como Camioneros, empleados de Comercio y bancarios salieron a pedir por la reapertura de paritarias en un contexto en el que la inflación y el salto del dólar corroen el debilitado poder adquisitivo de los argentinos. A la par, sindicatos afines al kirchnerismo y las dos vertientes de la CTA exigieron al Gobierno una suma fija para los trabajadores registrados que, aseguran, no debería bajar de los 75.000 pesos. Una pretensión que, no obstante, no termina de convencer a la CGT, que mira con buenos ojos ese incremento excepcional, siempre y cuando no altere el desarrollo de las negociaciones salariales en marcha.

La suma fija como complemento de la discusión paritaria es la columna vertebral del paquete de medidas que Massa se comprometió a implementar como respuesta a la devaluación. Junto a ese ingreso de emergencia, la intención sería aplicar un refuerzo en las asignaciones familiares, AUH y jubilados. Aunque postergó cualquier definición hasta su vuelta de Washington, adonde viajó anoche en busca del desembolso de 7.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mientras, ni en el Gobierno ni en los gremios tienen detalles de los anuncios que el ministro y candidato presidencial de Unión por la Patria podría hacer esta misma semana.

Grieta gremial

“No nos oponemos a un esquema de emergencia siempre que se sostenga la libertad de las paritarias y que se defina un valor mínimo de ingresos a través de un bono variable según las necesidades de cada sector”, advirtió en declaraciones periodísticas Héctor Daer, quien integra el triunvirato cegetista. Esa declaración choca con el reclamo de aquellos que en la central obrera presionan por una suba salarial generalizada, como Pablo Moyano y Mario Manrique.

Por fuera de la CGT, en las dos CTA (la Autónoma y la de los Trabajadores) sostienen su reclamo por una suba de emergencia y generalizada para todos los asalariados.

“Ya no se puede seguir aceptando los condicionamientos del FMI ni las conductas antisociales de los especuladores. La CTA de los Trabajadores considera crucial que el Gobierno implemente un aumento uniforme mediante una suma fija que no puede ser inferior a $75.000 para todos los asalariados del país, sin excepciones. Para esto es imperativo asegurar que este incremento sea recibido tanto por el sector público a nivel nacional, provincial y municipal, como por el sector privado”, planteó Hugo Yasky, al mando de la CTA y diputado nacional kirchnerista.

Yasky exigió además “un nuevo aumento destinado a compensar la disminución en los ingresos de los jubilados y pensionados. Igualmente vemos la urgencia de adelantar los aumentos pautados por el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que también tendría efecto inmediato en los programas sociales, y discutir en forma inmediata los valores para el último trimestre del año”.

También fue muy duro Hugo Godoy, al frente de la CTA Autónoma: “En la semana previa a las elecciones devaluaron un 11% y un día después de las elecciones, otro 22%. Esto impacta de manera directa en los ingresos del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, favoreciendo a las empresas exportadoras más concentradas y del sector financiero, y alentando y permitiendo sin ningún tipo de control la acción especulativa de un puñado de empresas formadoras de precios que vienen haciendo extraordinarias ganancias a costa del empobrecimiento de buena parte de nuestra sociedad”.

Por esto, el mandamás de la CTA Autónoma le pidió al Gobierno “la concreción de un inmediato aumento de emergencia para trabajadores formales e informales, activos y jubilados, informales y de la economía popular; la urgente implementación del salario universal para garantizar sacar de la indigencia a 4 millones y medio de argentinos y argentinas; la inmediata convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y el adelantamiento de las revisiones salariales de los trabajadores y trabajadoras con convenios colectivos; y medidas urgentes de congelamiento de precios y de castigo a los formadores de precios que especulan y agravan el deterioro de vida de gran parte de las familias argentinas”.

A la demanda de las dos CTA se sumó también el dirigente social y exprecandidato presidencial del kirchnerismo, Juan Grabois: “Hay que escuchar la voz del pueblo que está enojado y la respuesta no pueden ser palabras, tienen que ser hechos”, dijo, en lo que pareció un tiro por elevación a la promesa de suma fija de Massa, sobre la que ni en Trabajo ni en Economía conocen los detalles.

A la incertidumbre e inquietud de millones de trabajadores, en la Casa Rosada apenas sueltan: “El ministro lo informará a su tiempo, una vez esté de regreso en el país” probablemente el viernes.

reclamos

Como se dijo, el paquete de medidas prometido por Massa fue una reacción a la devaluación y mientras el grueso de los gremios reclama por la reapertura de paritarias.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), por caso, solicitó la “urgente convocatoria” a discutir salarios para “recuperar el poder adquisitivo de los docentes” y mostró preocupación por la situación, ya que “los acuerdos paritarios alcanzados por los trabajadores han quedado desfasados de la realidad, al igual que los haberes de las y los docentes jubilados”.

También los estatales de ATE, el sindicato de Comercio, Camioneros y bancarios, entre otros, plantearon la necesidad de adelantar la discusión salarial en procura de recuperar haberes y ponerse a cubierto de la alta inflación.