Crece en el Senado el escándalo “Chocolate": los nombres de otros 38 empleados y sus vínculos con La Plata

La Fiscalía identificó a trabajadores de la Cámara Alta involucrados en la trama

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La investigación judicial que arrancó con la detención de Julio “Chocolate" Rigau, el puntero del PJ platense sorprendido allá por septiembre de 2023 extrayendo dinero con casi 50 tarjetas de débito en su poder y más de un millón de pesos correspondientes a sueldos de supuestos empleados (“ñoquis”) de la Cámara de Diputados bonaerense sigue arrojando ribetes inquietantes.

Ahora, en el Senado, donde la fiscal Betina Lacki identificó a otros 39 trabajadores que habrían participado de la maniobra delictiva para desviar cientos de millones de las arcas públicas.

En paralelo, la Justicia apunta a los diputados que contrataron “ñoquis” en la Cámara baja.

Según la investigación dada a conocer por el diario La Nación, se pudieron identificar seis posibles grupos familiares radicados en La Plata, Ensenada, Melchor Romero, San Carlos y Tolosa.

Con respecto a los 39 empleados del Senado bonaerense, según información dada a conocer por el periodista Hugo Alconada Mon, los mismos quedaron en la mira de la Fiscalía tras un análisis de las cámaras de seguridad del Banco Provincia, donde se detectó que “Chocolate” Rigau coincidió y se saludó, entre las 5 y 6 de la mañana de tres días de agosto y septiembre de 2023, con un hombre y una mujer (todavía no identificados) que también extrajeron dinero de cajeros automáticos de La Plata on múltiples tarjetas de débito.

El listado de trabajadores en la Cámara alta que estaría en manos de la Justicia identificó a Emanuel Almeida (31 años), Sofía Alnival (18 años), José Contreras (60), Alejandro Detlefsen (45, que trabaja o trabajó para los clubes River y Estudiantes), Vanesa de la Canal (32), Lisandro Funes(37), Miguel Ángel Giménez (63), Lilian Giannini (65) y Pedro Jacolowich (59, quien trabaja o trabajó para la Comuna).

Aparecen también cuatro personas de apellido Benzo -Juan Héctor (64 años, que es o fue empleado de la Municipalidad), Adriana (39), Maximiliano (35, también en la Municipalidad) y Yamila (32)-, junto a Nadia Muguerza (33, que trabaja o trabajó en la Dirección de Escuelas y familiar política de los Benzo) y Laura Muguerza (44), que a su vez trabaja o trabajó para otra mujer del listado, Ileana Salamanco (46).

A ellos se agregan Romina Licursi (35), Rubén Matías (63), Brisa (20) y Silvia Novilla (56, que trabaja o trabajó para la Municipalidad), Marta Pereyra (61) y Yolanda Pérez (69, jubilada), Gabriel Pinceti (63) y Alicia Reyes (43, que figura en los registros comerciales como accionista en dos sociedades de responsabilidad limitada y trabaja o trabajó para el Senado y la Cámara de Diputados bonaerense).

Hay a su vez cuatro personas de apellido Saraqui: Karina (50), María de los Ángeles (39), Kevin (26, empleado de la Municipalidad de La Plata) y Carla (36, que figura como beneficiaria de una Asignación Universal por Hijo, AUH).

La fiscal apunta además a tres beneficiarios del Programa Hogar: Jacqueline Herrera (44), Isabel Piaccentini (33) y Víctor Uribe (32), quien además figura en los registros como receptor de una asignación familiar.

El listado se completa con Pamela Soto (28), Nahuel Varela, y dos grupos familiares: los Toloza –Mercedes, 50; Sergio, 47; y Paola, 44-, y los Villegas (Patricia, 57, registrada como personal de maestranza; Alejandro, 50, empleado de una empresa de caudales y beneficiario de una Asignación Universal por hijo; y Jonathan, 23).

a declarar

En paralelo a lo que investiga en el Senado, la fiscal Lacki busca llamar a declarar a cada uno de los empleados que trabajan en el área de personal de la Cámara de Diputados bonaerense para que identifiquen quiénes fueron los que ordenaron contratar a los ñoquis cuyas tarjetas estaban en poder de Chocolate Rigau.

Para la Justicia, ese supuesto entramado criminal también alcanza al subdirector de Personal de la Cámara, Claudio Albini, y su hijo, Facundo, concejal platense, pero los máximos responsables todavía permanecen en las sombras, según sostiene el juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio.

 

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