Ley Ómnibus: la oposición reclama la coparticipación del impuesto PAIS pero el Gobierno lo pateó para "más adelante"

Si lo hablado ayer se cumple, la Cámara de Diputados sesionará mañana miércoles para discutir la Ley de Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos, conocida también como la Ley Ómnibus, que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei. Calculan que será una sesión maratónica, que promete ser la más larga de los últimos tiempos. Los detalles de la organización se conocerán luego de la reunión de Labor Parlamentaria de esta noche.

Está en discusión el propio formato de la sesión, y hay quienes desde el bloque libertario proponen llamar a un cuarto intermedio para desdoblar en dos tiempos, otorgándoles un tiempo de descanso a los legisladores entre un bloque y otro.

El quórum está asegurado, y más aún considerando el saldo positivo que tuvo la reunión de los gobernadores no peronistas en el Consejo Federal de Inversiones con el ministro de Interior, Guillermo Francos. Pero un reclamo de los gobernadores la Casa Rosada lo pateó para "más adelante": un 30% de coparticipación a las provincias del impuesto PAIS.

En principio, esa concesión se habría aceptado pero luego se aclaró que es unos de los temas a discutir del paquete fiscal, sacado de la Ley Ómnibus.

De todos modos, los gobernadores y legisladores más dialoguistas se habrían ido más predispuesto a a acompañar el propyecto oficialy a ejercer su influencia sobre los diputados que les responden para que voten en sintonía.

Las primeras cuatro horas del debate estarían dedicadas a discutir la validez de la sesión, ya que hay impugnaciones por parte de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda que apuntan a las irregularidades en la firma del dictamen de mayoría (cuyo contenido fue reformado posteriormente).

Denuncian puntualmente que lo que se va a estar votando no es el mismo texto que el expediente que se firmó con dictamen de mayoría.

La idea original del Gobierno era sesionar hoy, pero los bloques de la oposición blanda le plantearon que no habían tenido tiempo suficiente de procesar la última versión acotada del dictamen de mayoría con la quita de más de un centenar de artículos.

Lo cierto es que más allá de que se angostaron las diferencias, persistían algunos desacuerdos, especialmente en materia de delegación de facultades y privatizaciones.

Intensas negociaciones

La convocatoria oficial a la sesión se notificó en el medio de frenéticas negociaciones en las que participaron los líderes de los bloques de la oposición moderada: Rodrigo de Loredo (UCR), Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) y Cristian Ritondo (PRO).

De las conversaciones en el Palacio Legislativo fueron parte el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo. También se apersonó en las oficinas el presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, una pieza clave en la construcción de los consensos para el oficialismo.

Y más tarde se sumaron Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz, presidentes de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, respectivamente.

El anuncio que había hecho el viernes el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, dando cuenta que el Gobierno aceptaba retirar el paquete fiscal destrabó la sesión, pero se siguió trabajando arduamente en la letra chica.

Por caso, Hacemos Coalición Federal pidió seguir reduciendo la cantidad de emergencias, que de punta a punta pasaron de 11 a 7 (el Ejecutivo quitó las emergencias en materia previsional, fiscal, de defensa y salud).

El bloque que comanda Pichetto exige quitar también las facultades delegadas en materia tarifaria, energética y de seguridad.

Otro tema donde todavía faltaba pulir acuerdos es en materia de privatizaciones. La UCR y Hacemos Coalición Federal estaban intentando unificar criterios en este sentido, ya que parten de premisas diferentes. Mientras que el bloque liderado por De Loredo propone tratar cada caso por separado con el envío de una ley al Congreso, la bancada de Pichetto busca que las propuestas de privatización sean enviadas a una comisión bicameral ad-hoc para dictaminar y que luego se vote en el recinto.

Hay cambios que ya fueron consensuados y que los bloques de la oposición recibieron con beneplácito. La iniciativa principal fue el retiro del capítulo fiscal (retenciones, jubilaciones, blanqueo, moratoria, Bienes Personales), que es la que allanó la convocatoria a la sesión del miércoles.

También se dio marcha atrás con la eliminación del subsidio por zona fría para usuarios residenciales de gas, y se barrió el artículo que habilitaba la “disolución” de empresas públicas, universidades nacionales y organismos autárquicos como el INTA y el Conicet.

En tanto, la última versión del proyecto de Bases permite liquidar la deuda pública consolidada en poder de la ANSES, aunque elimina la autorización para vender los activos de la cartera del FGS.

También se suprimió la parte que rezaba que “los recursos que se obtengan como consecuencia de la venta de las participaciones accionarias no podrán ser utilizados para un destino diferente que no sea el sistema de seguridad social”.

Las posturas, bloque por bloque

Al ingresar al Palacio Legislativo, De Loredo fue abordado por la prensa y aseguró que darán quórum, en tanto que se comprometió a trabajar para que el bloque “vote de forma unificada”.

No obstante, la interna radical está muy tironeada y hay cerca de 14 diputados que responden a Emiliano Yacobitti, Facundo Manes y Gerardo Morales que votarían en contra de varios artículos. El resto del radicalismo se inclina por acompañar.

“Siempre vamos a bregar porque se vote de forma unificada, sabiendo que somos un partido en donde lo que nos caracteriza por excelencia es que tenemos una postura democrática y siempre hay miradas, semánticas, posiciones distintas. En lo más importante, en lo más relevante, en darle los instrumentos a un gobierno que recién asume, anhelo y espero, y estoy trabajando para eso, para que el radicalismo vote de forma unificada”, señaló el cordobés.

Por su parte, Ritondo confirmó que el PRO va a “acompañar con todas las herramientas”, mientras que Pichetto, más medido, dijo que su bancada va a votar pero teniendo en cuenta “las disidencias” planteadas en el dictamen de mayoría.

También se expresó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien ratificó el rechazo del peronismo y lo justificó diciendo que la gente los había votado para hacer oposición, y pidió “pensar en las consecuencias de este ley en el Estado argentino”.

“Lo que se está votando en general es el dictamen de mayoría avalado en el plenario de comisiones con todo el paquete fiscal.

Después verán cómo la dibujan en la votación en particular”, advirtió.

Si bien no quiso revelar en diálogo con la prensa parlamentaria cuál será la estrategia de Unión por la Patria en el recinto, una posibilidad que no se descarta es que se mocione la vuelta del debate a comisión con la mitad más uno de los votos.

El presidente Javier Milei se prepara para hacer pasar en el Congreso la Ley Ómnibus, su principal caballito de batalla, y para eso endurece su postura con las provincias, luego de haber aplicado modificaciones a la letra: “hasta acá llegó el Gobierno”, alertó.

Desde la administración libertaria aseguran que cedieron todo lo que tenía para ceder y remarcan que debido a la eliminación del paquete fiscal, contemplado en el megaproyecto original, la meta de déficit fiscal se alcanzará de todas formas. “Hicimos cuentas, el déficit cero se va a alcanzar igual”, prometen.

A pesar del revelamiento realizado por la consultora Zuban Córdoba y asociados, que sostiene que un 58% de la población se muestra en desacuerdo con la idea de que el ajuste lo paguen las provincias, el Presidente jura y perjura que el recorte se aplicará a las partidas de los distintos distritos.

Una fuente del entorno del Presidente definió que las provincias “van a tener más urgencia” que la propia administración nacional.

La afirmación va a en consonancia con lo pregonado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en conferencia de prensa anticipó que habrá “un ajuste mayor a las provincias”.

“Vamos a ajustar partidas que no estaban contempladas y que entendíamos que no era la mejor alternativa, pero estaba dentro las opciones que teníamos para actuar”, puntualizó Adorni, y agregó: “Se ajustará todo lo que se tenga que ajustar”.

La idea que tiene en estudio la gestión es que el ajuste a las partidas se concentre en la quita de subsidios a las tarifas, en la reducción presupuestaria en infraestructura y en la baja de planes. “El ajuste está en marcha. Todos los días hay algo nuevo”, grafican.

Desde el Gobierno están convencidos de que la oposición, incluida la dialoguista, quiere “frenar” la ley “por lo que sea”.

“Ayer era el paquete fiscal, hoy son las facultades delegadas, después qué va a ser”, relatan funcionarios con despachos en Balcarce 50.

Los “recursos constitucionales” que evalúan para aplicar la megaley.

Si bien el mandatario aspira a que el proyecto de ley siga su curso normal en el Parlamento, es decir, avance y se sancione, el “plan A”, como lo llaman, también baraja un plan B que contempla “salidas constitucionales” que le permitan aplicar las reformas.

“Después de este gesto debería salir”, sostienen colaboradores de Gobierno, aunque admiten que el plebiscito y la reforma vía DNU son algunas de las posibilidades en estudio. “Como última instancia el plebiscito es una posibilidad. Es un recurso constitucional”, precisaron.

Aunque la consulta popular directa es no vinculante, la intención es “exponer a los diputados ante la voluntad de la opinión pública”.

LEY DE BASES: EL GOBIERNO QUITÓ LA AUTORIZACIÓN PARA VENDER LOS FONDOS DE GARANTÍA DE ANSES

Buenos Aires, 29 enero (NA) -- Entre las numerosas modificaciones de último momento que el Gobierno aplicó al proyecto de ley ómnibus, hay una que sobresale vinculada al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSeS, un artículo que fue muy manoseado y en el que la oposición había depositado la lupa con inusitada alarma.

Luego de que la primera versión del mega proyecto de ley autorizara al Poder Ejecutivo a liquidar y transferir al Tesoro los títulos equivalentes a casi 5.700 millones de dólares, las quejas airadas tuvieron impacto y determinaron la eliminación de dicho artículo.

La última versión, en tanto, permite liquidar la deuda pública consolidada en poder de la ANSeS, aunque elimina la autorización para vender los activos de la cartera del FGS.

También se suprimió la parte que rezaba que “los recursos que se obtengan como consecuencia de la venta de las participaciones accionarias no podrán ser utilizados para un destino diferente que no sea el sistema de seguridad social”.

Del total de USD 5.678 millones en acciones del FGS, un quinto del total pertenecen a papeles de Ternium, y le siguen Pampa Holding (10,2%), Transportadora Gas del Sur (9,4%), Banco Macro (9,1%) y Grupo Financiero Galicia (8,1 por ciento).

No se trata del único cambio en la Ley de Bases. La maniobra principal fue el retiro del capítulo fiscal (retenciones, jubilaciones, blanqueo, moratoria, Bienes Personales), que será tratado con mayor serenidad más adelante. Este anuncio permitió desbloquear el tratamiento del proyecto y convocar al recinto.

También se dio marcha atrás con la eliminación del subsidio por zona fría para usuarios residenciales de gas, y se barrió el artículo que habilitaba la “disolución” de empresas públicas, universidades nacionales y organismos autárquicos como el INTA y el Conicet.

La reducción de la cantidad de emergencias de 11 a 7 fue otra de las concesiones que efectuó el Gobierno, aunque todavía Hacemos Coalición Federal sigue esperando que se quite la delegación de facultades en materia de seguridad, energética y tarifaria.

destacado destacado destacado destacado destacado