La UBA acudirá a la Justicia por una “intervención ilegal” del Gobierno

Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires anunciaron que presentarán una solicitud en la Justicia para frenar lo que ellos consideran una “intervención ilegal” del Gobierno por intermedio de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Firmado por el rector Ricardo Gelpi, el documento destaca que la Constitución Nacional “garantiza la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”, por lo que su regulación no debe estar regida por el Poder Ejecutivo.

De ese modo, las auditorías que la Sigen (ente que se encuentra bajo la órbita del Ejecutivo) tenía previsto iniciar a partir del 28 de octubre irían en contra de su autarquía.

Además, en su comunicado titulado “Sí a las auditorías, no a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas”, la UBA señaló que ya cuenta con mecanismos de control interno y auditorías externas realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), mecanismos que siguen las normativas vigentes y sin intervención de la Sigen.

En esa sentido añadieron que la Sigen “no posee las competencias para auditar a las universidades nacionales”, afirmación que argumentaron con el artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156. “La Sigen solo tiene competencias sobre entidades dependientes del Poder Ejecutivo, no sobre universidades nacionales”, remarcaron.

Por otro lado, además de la cuestión reglamentaria, en su comunicado las autoridades de UBA sostuvieron que detrás de las acusaciones de falta de transparencia encabezadas por los funcionarios nacionales en verdad hay un “ataque ideológico a la idea misma de la universidad libre, gratuita, y masiva”, con el fin de “controlar la libertad académica”.

LE PUEDE INTERESAR

“La pelea en el PJ no tiene sentido”

LE PUEDE INTERESAR

Presupuesto 2025: el desafío del Gobierno y la búsqueda del PRO de un trato preferencial

En ese marco, para no ser acusados de evitar la revisión de sus cuentas, desde la institución indicaron que hicieron un pedido de auditoría externa independiente.

“Llevar la controversia respecto a quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios ante el Poder Judicial, único órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos y aplicar debidamente la ley”, concluyeron al respecto en el documento que difundieron en las últimas horas.