Debate por los fueros en el Congreso, en medio del escándalo por el caso Kueider

La detención del senador Edgardo Kueider, el peronista aliado del Gobierno que cayó en Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar, avivó el debate sobre los fueros de la política, un privilegio que permite que los legisladores eludan la prisión aún cuando hayan sido condenados por la Justicia. En medio de la polémica, la discusión podría instalarse con fuerza en las sesiones extraordinarias que celebrará el Congreso hasta el 27 de diciembre, período en el que además el kirchnerismo buscará insistir con su pedido para expulsar del recinto a Kueider por “inhabilidad moral”.

La convocatoria a extraordinarias (que sería formalizada entre hoy y mañana) fue anticipada la semana pasada por el vocero presidencial, Manuel Adorni. A través de un mensaje en redes sociales, el funcionario anunció un temario que incluye los mencionados cambios a la Ley de Fueros, las reformas electoral-con eliminación de las PASO-y política, Juicio en Ausencia, autorización al presidente Javier Milei para poder viajar al exterior sin pedir permiso al Congreso y Ley Antimafia. No aparecen dos temas clave, como el proyecto de Ficha Limpia (reclamado por los bloques dialoguistas) y el Presupuesto 2025, algo que despertó el rechazo generalizado de la oposición y, sobre todo, de los Gobernadores que venían presionando por la ley de gastos y recursos.

En cambio, sorprendió la incorporación de la inesperada propuesta para discutir los fueros, un debate que, si bien no es nuevo, resurgió con fuerza tras el caso de Kueider.

Reclamo K y contraofensiva

En paralelo, el interbloque de Unión por la Patria pidió una sesión especial para el jueves (a las 11) en la que pretende avanzar con la destitución del senador entrerriano.

Como contraofensiva, el Gobierno estudia mandar un proyecto para echar a todos los legisladores con causas judiciales, una situación que afecta a dirigentes como Máximo Kirchner, Santiago Cafiero y Rodolfo Tailhade. Incluso, el propio Adorni habilitó en la red social X una encuesta para preguntar a los usuarios si estaban a favor de expulsar del Congreso a los dirigentes con procesos judiciales. Y el resultado fue contundente: el 92 por ciento de los más de 100 mil participantes que contestaron votó a favor.

De todos modos, no sería fácil avanzar con esta propuesta si finalmente se la incluye en el proyecto de reforma de la ley de Fueros, un beneficio contemplado en el artículo 69 de la Constitución Nacional, que dispone que “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva”.

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El artículo 70, en tanto, prevé el llamado “desafuero”, un procedimiento que para prosperar debe contar con los dos tercios de cada Cámara y que debe hacerse través de procedimientos específicos como el juicio político, cuando existen causas judiciales legítimas contra un funcionario.

La ley de Fueros que ahora se busca reformar es la Nº 25.320, promulgada el 12 de septiembre de 2000, en medio de la crisis política que se desató en el Senado por la sanción de la reforma laboral (que, entre denuncias de coimas, pasó a la historia como “Ley Banelco”).

Teóricamente diseñados para garantizar que los representantes del pueblo, como legisladores, presidentes, gobernadores, miembros del Poder Ejecutivo y Judicial puedan desempeñar sus funciones “con independencia” y “sin interferencias indebidas”, el beneficio de los fueros gana detractores cada vez que salen a la luz casos como el de Kueider.

Porque, aunque fueron concebidos como una herramienta para proteger la independencia de los funcionarios, a menudo se perciben como un mecanismo para favorecer la impunidad o violar el principio de igualdad ante la ley. Incluso, son conocidos los casos de dirigentes políticos que se han valido de los fueros para dilatar o evitar procesos judiciales mientras ocupan un cargo público.

En un contexto de creciente desconfianza hacia la clase política, el debate que ahora asoma en el Congreso plantea un dilema ante la posibilidad de reducir o eliminar este tipo de privilegios y, al mismo tiempo, encontrar un justo equilibrio entre la independencia de los poderes y la demanda social de mayor transparencia.