No se discuten en el país los temas fundamentales para superar la crisis

Jorge Remón

Desde la denominación Impuesto a las Ganancias todo apunta a generar confusiones. En general, a ese gravamen se lo conoce en otros países como impuesto a los ingresos (Income tax en Estados Unidos). Y grava los beneficios económicos obtenidos por personas, empresas u otras entidades legales.

En pleno proceso electoral se eximió de ese tributo a todos los asalariados, en un proyecto presentado por el expresidente Alberto Fernández a instancia del ministro de Economía Sergio Massa. Y fue aprobado por casi todos los legisladores, incluyendo a Javier Milei, sabiendo que se sustraían ingresos a los muy necesitados estados Nacional y provinciales.

Los representantes de estos últimos, que sostuvieron la iniciativa, se oponen ahora a la restauración del mencionado impuesto, pero exigen que el Estado federal cubra esa pérdida, mientras que Milei propuso poner en vigencia nuevamente la discutida norma.

En realidad, en los países desarrollados el impuesto sobre los ingresos es una de las más importantes fuentes de financiación del sector público. Ocurre que se aplica sobre asalariados que perciban una suma considerablemente mayor que el costo de la canasta alimentaria familiar, y que les permite tener una vida confortable, pagarle la educación a sus hijos, etcétera.

El criterio aplicado en la Argentina ha determinado que aún directivos de grandes empresas que cobran salarios de alto valor, por millones de pesos mensuales, estén ahora exentos de ese tributo.

La cuestión a debatir es cuál debería ser el mínimo no imponible y aparentemente el Presidente propone que para una familia de cuatro miembros sea de un millón y medio de pesos mensuales, claro que con la inflación de un cien por ciento anual debería por lo menos sufrir actualizaciones, cosa que no siempre sucedía en el pasado.

Se recurrió a Otras cargas

Las crecientes necesidades del sector público y la ineficacia para combatir la evasión provocó que se recurriera a otras cargas, como el IVA, en las que todos los consumidores pagan por igual por los alimentos. Pero que tiene un alto nivel de evasión.

Los ingresos parecen nunca haber sido suficientes y los gobiernos argentinos tomaron fondos de la previsión social, crearon regímenes jubilatorios de excepción para los que se exigen pocos años de servicio, se concedieron moratorias y cuantiosas asignaciones de privilegio.

Según los cálculos técnicos, por cada retirado que reciba una asignación de sistemas como la Anses deberían aportar cuatro trabajadores en actividad. Pero la difundida economía informal en la Argentina causó que no lleguen a dos las personas que aportan a las cajas por cada beneficiario. Todo esto genera un déficit para el que no se proponen soluciones.

Círculo vicioso

En el presupuesto nacional, ese es uno de los factores que provoca el mayor desequilibrio y que por supuesto no es responsabilidad de los jubilados, es fruto del saqueo constante del que fueron objeto dichas cajas para obtener dinero que se usó con otros fines.

Esa distorsión, consecuencia del crecimiento de la economía informal, genera la falta de ingresos del Estado y que los gobiernos aumenten cada vez en mayor grado la carga impositiva a los que pagan, creando un círculo vicioso de difícil salida.

El dinero negro genera corrupción, que a su vez encarece el funcionamiento del sector público. A tal punto que a empresas o comercios que trabajan para el mercado interno les es casi imposible sobrevivir cumpliendo las obligaciones laborales e impositivas. Pero de esto no se habla, en una actitud hipócrita que luego sirve para restarle credibilidad al sistema democrático. Así es cómo se critica la dieta o sueldos de los legisladores, cuando ese es un gasto menor comparado con el que generan en el Congreso Nacional y en las Legislaturas provinciales las decenas de miles de ñoquis, por ejemplo.

Frente a todo eso, las discusiones de estos días entre los gobernadores y los representantes del Presidente no han salido de lo meramente formal. Aun no se ha comenzado a tratar el profundo cambio necesario de la estructura económica de la Argentina.

Aparentemente hay acuerdos en temas espinosos como la reducción del déficit del Estado o la necesidad de modificar la leyes laborales, pero hasta ahora solo se han enunciado generalidades y mientras más se demore la toma de decisiones en los temas fundamentales más se tardará en superar la agobiante crisis.