Investigan a un “Chocolate” municipal

Una investigación que se inició sobre un empleado que cobraba con varias tarjetas de débito, derivó ayer en un allanamiento a la Municipalidad de San Martín y la orden de prohibición de salir del país para el intendente local, Fernando Moreira.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Policía Federal Argentina (PFA) en el edificio de la Municipalidad de San Martín, a raíz de un episodio similar al del caso “Chocolate” Rigau en La Plata.

En este caso, la jueza federal Alicia Vence ordenó el allanamiento y la prohibición de salida del país para Moreira por el caso de un empleado del Consejo Deliberante que cobraba con varias tarjetas de débito de presuntos trabajadores municipales.

El objetivo del operativo en la Municipalidad fue recolectar información sobre los empleados reales y cotejar con los que cobraban dinero y supuestamente no lo eran.

La causa se inició en diciembre pasado cuando un hombre denunció que cobraba un plan social del Ministerio de Desarrollo Social y le fue interrumpido.

El motivo de la suspensión era que cobraba como empleado municipal unos 300 mil pesos por mes de parte del municipio de San Martín y le era incompatible la percepción de un plan social.

Ese fue el puntapié de la investigación, que derivó luego en descubrir que una persona tenía varias tarjetas de débito y retiraba el dinero de los empleados en un cajero cercano al Concejo Deliberante.

Según la pesquisa, personas que desconocían la situación, figuraban como empleados del Municipio y en nombre de ellos se cobraban salarios.

En ese marco, la jueza Vence impuso la prohibición de salida del país para cinco personas, entre ellas al intendente de San Martín.

Semana atrás fue allanado la oficina del presidente del Concejo Deliberante en el marco de la misma causa. El funcionario falleció poco después. El juzgado ordenó los procedimientos en busca de documentación para cotejar listados de personal y cruzarlos con nombres de beneficiarios de planes sociales.

Desde la Municipalidad se mostraron sorprendidos. Según se destacó, en marzo hubo un allanamiento previo y el Ministerio colaboró y se presentó en la causa para pedir ser querellante, pero fue rechazado por la jueza y la Cámara Federal. Y ahora, en el marco de un nuevo procedimiento, apareció la prohibición de salida del país para el intendente, dicen en el entorno del intendente. En el entorno del intendente cuestionaron la intervención de la Justicia federal.