Inhiben todos los bienes de Belliboni

El juez federal Sebastián Casanello dictó la inhibición general de bienes al líder piquetero del Polo Obrero Eduardo Belliboni, y a otra veintena de dirigentes también procesados, en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la administración de comedores sociales. Se concretó luego de que se sospechara del manejo de dinero de la organización a través de facturas truchas y gastos dibujados.

La medida incluye cuentas bancarias, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y cualquier otro medio económico–financiero.

Belliboni está citado a indagatoria en el marco de esta causa para el próximo 26 de junio, por los presuntos delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y extorsión.

Casanello interviene como juez federal porque el dinero para planes sociales y para la manutención de los comedores proviene de fondos públicos.

La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra el presidente Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias sin identificarse.

Según el juez Casanello, “todas las personas que fueron escuchadas en su calidad de beneficiarias del Potenciar Trabajo indicaron haber accedido al beneficio a través de organizaciones sociales, que actuaron como unidades de gestión”.

Para el dirigente piquetero y de la izquierda, “la Justicia está al servicio del Gobierno de Milei”.

CONFIRMAN TAMBIÉN INHIBICIÓN PARA ALBERTO F.

Mientras, la Cámara Federal porteña rechazó un planteo del expresidente Alberto Fernández contra la inhibición general de bienes dispuesta por el juez Julián Ercolini en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos estatales a través del Banco Nación.

Por unanimidad, aunque con fundamentos diferentes, los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico rechazaron el pedido de la abogada de Fernández, Mariana Barbitta, para darle a la apelación carácter “suspensivo”.

Ese término procesal hubiera permitido el virtual levantamiento de la inhibición general de bienes mientras se sustancia la apelación, es decir que hasta tanto se resuelva si Alberto Fernández sigue o no inhibido pudiera disponer de su patrimonio. Pero el tribunal de segunda instancia se lo negó.