Tratado contra la cibercriminalidad

Amellie Bottellier-Depois

Los países miembros de la ONU se reúnen para concluir un tratado internacional de lucha contra la criminalidad en línea, denigrado tanto por los defensores de los derechos humanos como las grandes empresas tecnológicas por su potencial uso para una excesiva vigilancia. Esta futura “Convención de Naciones Unidas contra la Cibercriminalidad” nació de una iniciativa de Rusia. En 2017 le envió una carta al secretario general de la ONU con un proyecto de tratado.

Dos años más tarde, pese a la oposición, sobre todo de Estados Unidos y países europeos, la Asamblea General de la ONU creó un comité intergubernamental para redactar el tratado.

Luego de siete rondas de negociación, arrecian las críticas sobre el proyecto de texto que será sometido a la aprobación de los Estados miembros. Aunque la última versión “contiene algunas mejoras”, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos “está preocupado por las importantes deficiencias (y) numerosas cláusulas no respetan las normas internacionales en materia de derechos humanos”.

“Estas deficiencias son especialmente problemáticas en el contexto de un uso ya generalizado de las leyes sobre ciberdelincuencia existentes en algunas jurisdicciones para restringir excesivamente la libertad de expresión, atacar a las voces disidentes e interferir arbitrariamente en la privacidad y el anonimato de las comunicaciones”, escribió el organismo de la ONU en un documento remitido a las delegaciones. El proyecto de texto pretende reforzar la cooperación internacional en este ámbito, citando en particular la pornografía infantil y el blanqueo de dinero. Pero los críticos afirman que el ámbito de aplicación es mucho más amplio.

Podría obligar a las autoridades de los países firmantes a “facilitar las investigaciones relacionadas con la homosexualidad, la crítica a un gobierno, el periodismo de investigación, la participación en manifestaciones o la denuncia de irregularidades”.