Crisis terminal en la obra social del gremio camionero: ¿el fin del clan Moyano?

La obra social del gremio que agrupa a los trabajadores del transporte por carretera atraviesa una profunda crisis que genera malestar en el interior de la organización. Los afiliados registran demoras o cortes en prestaciones, mientras empleados de sus sanatorios denuncian atrasos salariales y servicios suspendidos.

La entidad, ligada al histórico liderazgo de uno de los sectores gremiales más poderosos del país, arrastra un déficit financiero alarmante. De acuerdo con documentos internos, en uno de sus organismos la deuda supera los 26.600 millones de pesos. A su vez, familiaridad en la administración y disputas internas debilitan la estructura sindical: se registran protestas visibles en los hospitales del gremio, con carteles que exigen el cobro de sueldos y denuncian el abandono de los trabajadores.

Los servicios médicos ya no presentan la operatividad de épocas más prósperas: consultorios cerrados, tratamientos que no se autorizan y afiliados que solicitan reintegros judiciales son parte del escenario. El éxodo de afiliados que pueden acceder a otro tipo de cobertura completa el cuadro de descreimiento.

Un sistema al borde

Los números y las condiciones reflejan la magnitud del colapso. Dentro de la obra social ligadas al sindicato se registran atrasos en pagos al personal, ejemplificados en los días de cobro parcial y en algunas clínicas donde se suspendieron las cirugías. La decisión de abonar un sueldo completo en solo una sede —ubicada en una esquina estratégica de la ciudad— fue interpretada como un gesto para evitar una protesta visible en la capital.

La merma en la base afiliatoria es otra consecuencia: se estima que en uno de los organismos el volumen de afiliados se redujo drásticamente respecto de los años previos a la crisis financiera. Mientras tanto, el sindicato acordó una paritaria con aumentos mínimos para los trabajadores, y al mismo tiempo logró que por cada afiliado la empresa aportara un bono extraordinario destinado a la obra social, lo que algunos interpretan como un intento de contener el descalabro.

Lo cierto es que la crisis económica convive con una pulseada interna entre las facciones que disputan el control del gremio. En los últimos meses aflora una vertiente de la organización que cuestiona al liderazgo histórico y reclama un recambio. Los choques físicos y simbólicos en eventos del gremio, como torneos deportivos, grafican la fragmentación.

Paralelamente, la justicia investiga supuestos desvíos de fondos por decenas de millones de dólares vinculados a obras y servicios de un hotel propiedad del sindicato en la costa atlántica. La causa ya desencadenó purgas en la conducción y denuncias cruzadas entre dirigentes y supuestos denunciantes, lo que agrava la crisis institucional.

¿El final de un ciclo?

Lo que durante décadas fue símbolo de poder sindical —capaz de imponer agendas y movilizar bases— parece estar entrando en un nuevo momento, con vacíos de conducción, cuestionamientos al modelo de gestión y un desgaste visible frente a los trabajadores.

Afiliados del gremio afirman sentirse cada vez más lejos de la estructura que alguna vez dominó con firmeza: “cuando podíamos elegir otro plan, nos fuimos”, admite un delegado. La obra social ya no es un bastión protector sino un foco de conflicto. En ese contexto, el sindicato enfrenta no sólo un problema económico, sino una crisis de legitimidad.

La caída de esta obra social expone, en última instancia, una pregunta central: ¿puede sostenerse una estructura sindical basada en el poder tradicional sin transparencia, sin rendición de cuentas y sin renovar su conducción? Los hechos sugieren que ese modelo ya no resiste.