El nuevo mapa del poder: cómo Milei reordena alianzas y las tensiones tras el Presupuesto

Germán López

Con la billetera abierta y el aporte decisivo de los gobernadores, el Gobierno consiguió aprobar el primer Presupuesto de su gestión. Lo logró en tiempo récord, dada la complejidad que encierra la sanción de esa ley. Después de las dificultades que enfrentó en el debate en Diputados, al pretender insistir con la derogación de las leyes de Financiamiento Educativo y Emergencia de Discapacidad a contrapelo del consenso establecido, Javier Milei terminó aceptando la realidad al renunciar a sus propósitos de voltear a como diera lugar esas dos leyes. El riesgo era que el proyecto volviera a Diputados y se empantanara en un debate con tiempos muy acotados –los últimos días de diciembre-.

Con el Presupuesto aprobado, el problema que se plantea ahora no es menor y consiste en determinar dónde recortarán las partidas para compensar ese gasto y mantener el equilibrio fiscal. Esa incógnita es la que se irá develando con el correr de los días y su resolución será probable fuente de nuevos conflictos. Son las implacables consecuencias de la sábana corta.

A pesar de los contundentes números de aprobación –46 votos a favor contra 25-, el trámite en el Senado no estuvo exento de sobresaltos. Básicamente a raíz de la negativa de tres legisladores del radicalismo, que puso en riesgo la aprobación del artículo 30 que reduce la inversión en Educación, achica las partidas para ciencia y recorta fondos en Defensa. Una gestión de último minuto del asesor en las sombras Santiago Caputo, logró con el apoyo de los gobernadores de Catamarca, Tucumán y Salta que se aprobara el polémico artículo.

LA ESTRATEGIA DE ALIANZAS

Con estos movimientos queda expuesta -una vez más- la estrategia de alianzas del Gobierno, que privilegia a un núcleo de gobernadores peronistas y de esa manera logra que el bloque de ese partido votara dividido por primera vez en su historia. No hay mucho arte en la movida: al revés de lo sucedido en Diputados, donde con cierta ingenuidad el Gobierno dio por sentado apoyos que no llegaron, esta vez el reparto de ATN tuvo retribución concreta en votos de los legisladores de Catamarca, Salta, Misiones y Tucumán. De los errores se aprende.

En esa mesa de negociaciones, los gobernadores del PRO quedaron claramente relegados. Ignacio Torres, mandatario de Chubut, anunció en medio de una crisis fiscal que puso en riesgo el pago de aguinaldos y obligó a emitir letras para cubrir compromisos, que recurrirá a la Corte Suprema para reclamar una deuda de unos $51.000 millones que la Nación mantiene con la caja previsional provincial. Sigue los pasos de Jorge Macri, quien, aun con fallo favorable, no logra que el Ministerio de Economía salde una deuda cercana a los US$ 5.000 millones —“equivalente a tres líneas de subte”, según explicó— con la Ciudad de Buenos Aires.

Ambos negocian con paciencia frente a un Gobierno que posterga pagos bajo el argumento del déficit cero, pero no ocultan su malestar ante la generosidad exhibida con gobernadores peronistas. La desconfianza se profundizó tras el acuerdo con el kirchnerismo en Diputados que permitió al salteño Gustavo Sáenz colocar a alguien de su confianza en la Auditoría General de la Nación, en detrimento del candidato impulsado por el PRO. Con amigos así, nadie necesita enemigos, repiten en ese espacio.

LAS VACANCIAS EN LA JUSTICIA

En este contexto, las vacancias en la Corte Suprema y en la Justicia federal, donde hay 150 juzgados que esperan las designaciones, son motivo de tanteos reservados con referentes del bloque peronista. Milei niega en público cualquier tipo de negociación en este sentido con el kirchnerismo. Pero el escándalo de las designaciones en la AGN parece desmentir esa intransigencia y nuevamente aparecen versiones sobre sondeos a referentes de kirchnerismo desde el ministerio de Justicia.

En paralelo, el peronismo empezó a activar su interna con un objetivo inequívoco: definir quién conducirá el espacio rumbo a las presidenciales de 2027. Axel Kicillof dio un paso explícito en esa dirección durante un plenario del Movimiento Derecho al Futuro, una corriente creada para marcar distancia de Cristina Kirchner y de su hijo Máximo. Tras meses de ambigüedad, el gobernador bonaerense parece haber decidido plantar bandera y disputar centralidad.

LA “RESISTENCIA ACTIVA”

La apelación a una “resistencia activa” frente a Milei -una expresión cargada de resonancias históricas dentro del peronismo- y el llamado a construir una alternativa nacional que exceda los límites del propio movimiento revelan una estrategia definida. Kicillof busca capitalizar la polarización que impulsa el Gobierno y presentarse como articulador de un frente amplio antimileísta que contenga a actores políticos, sociales y económicos que hoy se sienten amenazados por el rumbo libertario.

Nada de esto es novedoso en términos de ambición personal: el gobernador bonaerense dejó hace tiempo de ocultar su vocación presidencial. Lo que sí marca un punto de inflexión es que la interna, que durante la última campaña electoral se mantuvo soterrada, comenzó a expresarse en hechos concretos y no solo en discursos o gestos simbólicos.

Los episodios ocurridos en Quilmes y Lanús podrían interpretarse en esa clave. En ambos casos, grupos piqueteros vinculados al UTEP y al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera Juan Grabois, desafiaron en la calle los intentos municipales de regular la actividad de los “trapitos”, en Quilmes, y los bajos salarios de los barrenderos, en Lanús. Hubo violencia, amenazas y escenas de vandalismo, incluida la quema de un árbol de Navidad. No se trata de distritos cualquiera: allí gobiernan intendentes de La Cámpora, Julián Álvarez y Mayra Mendoza, respectivamente.

La reacción de Mendoza, con un duro audio en el que acusó a Grabois de fomentar la violencia, expuso sin eufemismos la profundidad del conflicto. En el camporismo sospechan que estos movimientos buscan erosionar a sus intendentes y, por extensión, disputar el control territorial del conurbano bonaerense, asociando a Grabois con el armado político de Kicillof.

Sin embargo, cuesta creer en esa hipótesis. La actividad de los trapitos concentra un rechazo social transversal y creciente, incluso entre votantes peronistas. Difícil imaginar que un gobernador que aspira a construir una mayoría nacional esté dispuesto a pagar el costo político de quedar vinculado -aunque sea de modo indirecto- a prácticas que la sociedad percibe como extorsivas y violentas.

NUEVA MAYORÍA PARLAMENTARIA

Con la aprobación del Presupuesto y de la ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno empezó a hacer valer su condición de nueva mayoría parlamentaria. No es una mayoría automática: exige aliados, concesiones y negociación permanente. La sanción de estas leyes funcionó como banco de pruebas de una agenda más ambiciosa, orientada a consolidar poder con la mira puesta en 2027. En ese escenario, Kicillof intenta ponerse el traje de retador, pero enfrenta un camino sinuoso, plagado de competidores internos y externos, en un sistema político cada vez más fragmentado y definitivamente alejado de los viejos reflejos bipartidistas.