Las sospechas sobre cobros irregulares de fotomultas en municipios

La justicia federal ordenó allanar once municipios de la provincia de Buenos Aires por el escándalo desatado por las fotomultas millonarias y el destino de esos fondos, tal como se reflejó en EL DIA.

Lo que se sospecha es la existencia de una trama irregular en la percepción de montos abultados, que se desprenden de las infracciones de tránsito registradas por los cinemómetros instalados en sus distritos, con posibles desvíos hacia empresas y fundaciones universitarias, que extrañamente aparecerían en el negocio como terceros interesados.

Sin perjuicio de que se adopten medidas tendientes a incrementar los niveles de seguridad en el tránsito, corresponde recordar que siempre recibió cuestionamientos el sistema de fotomultas instalado en el territorio provincial, formulándose desde hace varias décadas serios reparos, en no pocos casos, a la caprichosa instalación de cámaras destinadas a captar infracciones a los conductores. Se aludió a un “abuso” del mecanismo utilizado por algunas comunas que instrumentaron verdaderas “trampas para automovilistas”.

Ahora la medida judicial fue adoptada por el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de Tres de Febrero, en el marco de una investigación que impulsó el fiscal de la jurisdicción, Paul Starc, todo a partir de la información clave que les aportó el juez Federal de La Plata, que lleva adelante una investigación de similares características con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el centro de la escena.

Los procedimientos se concretaron en las municipalidades de La Matanza; Morón; General Pueyrredón; Roque Pérez; Junín; Olavarría; Zárate; General Rodríguez; 9 de Julio; San Isidro y San Martín.

En la pesquisa se mencionó la existencia de un convenio marco entre la Provincia (que siempre y en todos los casos se queda con un 20 por ciento de lo recaudado) y los Municipios, que distribuyen el excedente del 80 por ciento con las empresas que aportan la tecnología, el software y brindan el servicio.

“Generalmente las inconsistencias aparecen en la distribución de ese 80 por ciento, que corresponde al municipio y el proveedor de los servicios, en donde aparecen graves irregularidades en perjuicio de los municipios, siendo que es normal y habitual que el municipio perciba solo entre el 15 y el 30 por ciento de cada infracción y el resto lo percibe la empresa prestataria y/o las Universidades”, dice la resolución judicial.

Las empresas que manejan buena parte del mercado son Secutrans y Tránsito Seguro, que obtendrían así cifras siderales producto de las infracciones viales. Y existen asimismo, como se ha dicho, universidades interesadas en este sistema de percepción de multas. Se teme que el gran perjudicado presupuestario será el Estado.

La indisciplina vial debe ser combatida a todo trance, pero siempre bajo la aplicación de normas transparentes, que exigen certeza y razonabilidad en su vigencia. Si lo que existe, en cambio, es una oscura trama de intereses sectoriales -en los que, insólitamente, estarían incluidas algunas universidades- lo que corresponde es que la justicia intervenga y ponga las cosas en su lugar.