Apelaron la domiciliaria otorgada a “La Toretto”

La prisión domiciliaria otorgada a Felicitas Alvite por una sala del tribunal de Casación bonaerense quedó en suspenso, al menos por ahora, a partir de una presentación judicial realizada por una familiar de Rubén Walter Armand (35), la víctima mortal del embiste en 13 y 532, quien recurrió esa medida por considerarla arbitraria y generadora de un gravamen irreparable.

La situación que se planteó ahora, prevista como posibilidad desde la defensa de la joven influencer, es que hasta tanto no se agote la vía recursiva, que puede demandar mucho tiempo, “La Toretto de La Plata” -como ella misma se catalogó en sus redes sociales- no podrá despegarse de su celda en la Alcaidía de Melchor Romero.

De acuerdo a fuentes seguras, la petición contra el beneficio morigeratorio de la situación de detención es de Segunda Nieves Zelarayán, con el patrocinio de los abogados Fernando Burlando, Julio Burlando y Delfina Burlando.

Zelarayán, expresaron los mismos voceros, dejó planteado el Caso Federal para, de ser necesario, llevar el asunto hasta las más alta instancias de Justicia de todo el país.

Sobre el final del documento, la particular damnificada realiza una solicitud adicional. Específicamente, se pide que se remitan testimonios de la presentación, en formato electrónico, a la Subsecretaría de Control Disciplinario de la SCJBA y a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.

Busca así que el Jurado evalúe las acciones y determine si hay lugar a algún tipo de sanción o investigación sobre los magistrados involucrados.

Esta solicitud se fundamenta en la creencia de que la Sala de Feria de la Cámara de Apelaciones de La Plata actuó sin competencia al pronunciarse sobre la medida cautelar de Felicitas Alvite, dado que la resolución del Tribunal de Casación Penal no estaba firme al momento de su decisión.

Los representantes consideran esta acción como “absurda” y una grave irregularidad que requiere la atención de los órganos de control y disciplina.

Entre los argumentos de ofensa para ir contra lo dictaminado, Zelarayán expresó el derecho a ser oído antes de resolver una cuestión como la ahora impugnada, violación de las leyes de protección de las víctimas y violencia institucional, entre otras.

Como se sabe, pese a que el Servicio Penitenciario le mandó una nota a la jueza Marcela Garmendia para sacar a Alvite de la Alcaidía de Romero, al entender que tenía cupo de alojamiento en otro tipo de establecimiento carcelario, la decisión de la magistrada fue que se mantenga en ese lugar, bajo permanente monitoreo de su situación de salud.

Es que Alvite denunció padecer problemas de ansiedad, respiratorios y ataques de pánico.