Fentanilo: un relato clave hunde más al laboratorio

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, avanza en la investigación sobre el fentanilo contaminado de HLB Pharma que dejó decenas de víctimas. En las últimas horas, declaró como testigo Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), quien reconoció que desde noviembre de 2024 Laboratorios Ramallo, propiedad de Ariel García Furfaro, no cumplía con las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y no podía elaborar medicamentos hasta corregir las “no conformidades” señaladas por los inspectores.

Pese a esta restricción, en diciembre de 2024 se produjo el lote 31202 de fentanilo contaminado con bacterias que llegó a hospitales, incluyendo al Hospital Italiano de La Plata, donde se registraron pacientes fallecidos. La declaración de Mantecón Fumadó expuso irregularidades graves: controles de esterilidad deficientes, documentación incompleta y fallas en la trazabilidad de las ampollas, que no pudieron justificarse adecuadamente.

El testimonio subraya presuntas omisiones de control por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del INAME, ambos bajo el Ministerio de Salud. Según la investigación, las actas de inspección de diciembre ya advertían las irregularidades, pero la planta siguió operando hasta febrero de 2025, cuando se clausuró la producción, demasiado tarde para evitar que los lotes llegaran a los hospitales.

Tras la revelación de los desvíos, el juez Kreplak ordenó allanamientos en sedes de la ANMAT y el INAME, además de domicilios de funcionarios, secuestrando documentación, computadoras y teléfonos para preservar pruebas sobre posibles responsabilidades. La causa ya tiene 17 imputados, entre ellos García Furfaro, y vincula al menos 96 muertes con el fentanilo contaminado. Cabe recordar que los detenidos están alojados en el penal de Ezeiza.

El testimonio de Mantecón Fumadó refuerza la gravedad de la situación y profundiza las preguntas sobre la supervisión estatal en la fabricación de medicamentos críticos para pacientes vulnerables, evidenciando un riesgo sanitario que podría haberse evitado.