Siguen los cruces por las fotomultas

El escándalo de las fotomultas sigue sumando capítulos judiciales. Con múltiples frentes abiertos, en uno de ellos, que tramita en la fiscalía de La Plata que conduce Álvaro Garganta, acaban de presentar una petición para que se defina una medida contra uno de los impulsores de la denuncia.

Fuentes de tribunales informaron que la defensa del ex ministro de Transporte Jorge D’Onofrio, que figura entre los imputados, solicitó que se confirme el rechazo del rol de particular damnificado para SECUTRANS S.A. “La sociedad que se presenta como particularmente ofendida no ha sufrido perjuicio alguno”, argumentaron.

“Que el señor Leandro Camani, quien se presentó como presidente de SECUTRANS S.A., reconoció expresamente que tomó conocimiento de esta investigación a través de medios de comunicación, lo que constituye una confesión explícita del extremo central de nuestra postura: que ni la sociedad, ni su presidente, ni persona alguna vinculada a ella, padecieron daño alguno en el momento de ocurrencia de los supuestos hechos”, agregaron.

El escrito apuntó a la falta de presentación de estados contables que acredite el perjuicio invocado, al falso postulado de una merma de sentencias condenatorias por infracciones viales en sede administrativa y a que SECUTRANS S.A. “se ha transformado en una persona jurídica sin objeto social alguno, salvo la de pretender sin derecho perseguir sin causa legal a nuestro defendido”.

Como se recordará, la hipótesis fiscal apunta a una supuesta red de jueces de faltas, gestores y abogados, que lucrarían con la eliminación de multas, generando así una afectación a las arcas del Estado y de las empresas que manejan los cinemómetros.