La Justicia avanza en la investigación de maniobras en el Banco Central y el dólar blue

La Justicia Federal avanza sobre la sospecha de corrupción financiera más escandalosas de los últimos años: el "rulo" millonario con el dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández. En una causa que combina confesiones de financistas "arrepentidos", audios comprometedores y el uso de cuevas para maniobras ilegales, los investigadores buscan determinar el alcance de las complicidades dentro del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Bajo la lupa del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, cinco funcionarios de alta jerarquía del BCRA (actualmente en funciones pero bajo investigación interna) están imputados tras el secuestro de sus teléfonos y computadoras. Se trata de Diego Volcic, Analía Jaime, Romina García, Fabián Violante y María Fernández.

La investigación se aceleró tras la difusión de conversaciones grabadas entre los financistas Elías Piccirillo (ex marido de Jésica Cirio) y Francisco Hauque. En los audios, ambos admiten con liviandad maniobras por grandes cifras: Hauque le reclama a Piccirillo una deuda de 6 millones de dólares de ganancia por operaciones ilegales. Ante la negativa de pago, Hauque amenazó con denunciar el esquema ante el actual gobierno.

En una de las grabaciones, la inspectora Romina García admite ante Piccirillo que, durante la gestión anterior, denunciaron internamente las irregularidades pero nadie actuó porque "había gente de arriba toda entongada".

La Justicia sospecha que los financistas accedían a dólares al precio oficial mediante mecanismos fraudulentos para luego volcarlo al mercado informal, obteniendo ganancias siderales. Según declaraciones de testigos y arrepentidos, parte de ese dinero se habría destinado a la compra de autos de lujo, relojes Rolex y propiedades en Pinamar. También se investiga una propiedad que Piccirillo le habría regalado a Jésica Cirio apenas dos días antes de su casamiento.

Para intentar silenciar a Hauque, Piccirillo habría contado con la ayuda del policía Carlos Sebastián Smith (hoy arrepentido) para plantarle armas y drogas al financista.

Mientras el juzgado de Casanello analiza el contenido de los pendrives aportados por el policía Smith, la jueza María Servini también tramita una causa paralela desde 2023 por maniobras similares. La Justicia busca certificar si ambos expedientes forman parte de la misma organización delictiva.

Por su parte, el Banco Central ha abierto un sumario administrativo para determinar si los implicados violaron el Código de Etica. La clave del caso reside ahora en la apertura de los teléfonos secuestrados, que podrían revelar quiénes eran los "jefes" políticos que daban el visto bueno a la fiesta del dólar blue mientras el resto del país debía someterse a las restricciones del cepo que había fijado el Gobierno.