En busca de registros de los vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar

La investigación judicial que apunta a una lujosa mansión ubicada en Pilar, presuntamente vinculada a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó un nuevo avance. Por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un operativo en el aeropuerto de San Fernando para buscar registros de vuelos en helicóptero con destino a esa propiedad.

El procedimiento se llevó a cabo en el hangar de la empresa Flyzar, propietaria de una de las aeronaves utilizadas para los traslados. El objetivo central fue recolectar documentación sobre los vuelos, los pilotos, los seguros de las aeronaves y, especialmente, información que permita identificar a los pasajeros transportados.

Según la investigación, se habrían realizado cerca de 60 vuelos en helicóptero hacia la mansión, que cuenta con un helipuerto propio. La medida apunta a reconstruir quiénes viajaban en esas aeronaves y con qué frecuencia, luego de que los pilotos declararan no llevar registros de pasajeros ni recordar identidades.

En sus testimonios ante la Justicia, los pilotos aseguraron que esa información quedaba asentada en los aeropuertos donde opera la PSA, entre ellos San Fernando, lo que derivó en el operativo dispuesto esta semana.

Demoras y una nueva presentación judicial

El procedimiento comenzó con algunas demoras debido a la ausencia inicial de personal administrativo de la empresa. Al ingresar al hangar, los agentes fueron recibidos por autoridades de Flyzar, quienes manifestaron que, en caso de contar con la documentación requerida, necesitarían un plazo adicional para reunirla.

Ante esta situación, el juez González Charvay ordenó que la PSA vuelva a presentarse el próximo lunes para retirar la información solicitada. Las actuaciones en el lugar finalizaron pasado el mediodía.

Una línea de investigación que continúa

El operativo en San Fernando se inscribe en una serie de medidas impulsadas por el magistrado, que incluyen alrededor de 30 órdenes de presentación a organismos públicos y empresas privadas, además de requerimientos formales de información y pericias sobre el material ya incorporado al expediente.

La causa había estado anteriormente en manos del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien ordenó las primeras medidas vinculadas a los vuelos antes de que el expediente pasara al fuero federal de Campana.

La investigación apunta a determinar si existió una maniobra de lavado de dinero en la compra de la mansión de Pilar. El inmueble figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes no tendrían capacidad económica declarada para afrontar una operación de esa magnitud.

Las sospechas judiciales señalan como posible beneficiario real al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Durante un allanamiento realizado en diciembre pasado, se encontraron en la propiedad elementos vinculados a dirigentes del fútbol, entre ellos objetos asociados al club Barracas Central y documentación que reforzó las hipótesis de los investigadores.

El foco en los registros aeronáuticos

Con el avance de las medidas, la Justicia busca ahora cerrar el círculo a partir de los registros aeronáuticos, una pieza clave para confirmar la frecuencia de los viajes, la identidad de los pasajeros y la posible vinculación directa entre los vuelos y los dirigentes investigados.

El operativo en San Fernando, en ese contexto, aparece como un paso central para esclarecer el rol de las empresas aéreas, la logística utilizada y el verdadero entramado detrás de los traslados a la mansión que hoy se encuentra en el centro de la causa.