La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, presentada por Washington como una simple “operación policial”, desató una intensa controversia jurídica y política dentro de Estados Unidos y en el plano internacional. Mientras el gobierno de Donald Trump sostiene que el operativo fue legal, legisladores demócratas y expertos en derecho advierten que se trató de una acción militar encubierta que podría violar tanto la Constitución estadounidense como la Carta de las Naciones Unidas.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos el sábado y trasladados por la fuerza a Nueva York para enfrentar cargos por “narcoterrorismo” e importación de cocaína, junto a otros cuatro acusados. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que se trató del arresto de fugitivos buscados por la justicia estadounidense, ejecutado por agentes del FBI con apoyo logístico del Pentágono, y no de una operación militar que requiriera autorización del Congreso.
Esa versión fue rechazada con dureza por la oposición demócrata. Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, sostuvo que “no fue solo una operación antidrogas, fue un acto de guerra”. En la misma línea, el senador Chuck Schumer denunció una violación de la ley al haberse realizado sin aval del Congreso y con bombardeos sobre instalaciones civiles y militares en territorio venezolano.
ARRESTO “PROBLEMÁTICO”
Las dudas legales también fueron planteadas por especialistas. La exfiscal federal y profesora de derecho Barbara McQuade calificó el arresto como “problemático” y explicó que el procedimiento habitual habría sido solicitar la extradición. A su juicio, se trató de un arresto militar clandestino que viola la Carta de la ONU, lo que implicaría además una infracción a la Constitución estadounidense. McQuade agregó que la condición de jefe de Estado de Maduro podría permitir a la defensa pedir la desestimación del caso y anticipó meses de impugnaciones judiciales.
Desde el sector republicano, el exfiscal general Bill Barr defendió la legalidad del operativo y se mostró confiado en una condena, comparando el caso con el del general panameño Manuel Noriega, capturado en 1989 tras una invasión estadounidense. Para analistas como Jack Goldsmith, exfuncionario del Departamento de Justicia, el episodio evidencia hasta qué punto el poder presidencial opera con escasos controles, amparado en precedentes y dictámenes del propio Ejecutivo, incluso cuando ello implica vulnerar normas internacionales.
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