Coletazos en la causa por el ingreso trucho al SPB

Tal como anticipó EL DIA en sus ediciones anteriores, la investigación por la presunta maniobra de falso ingreso al Servicio Penitenciario Bonaerense sumó en las últimas horas un capítulo clave: el propio organismo confirmó que fue quien impulsó la denuncia penal tras detectar la irregularidad.

A través de un comunicado oficial, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informó que, mediante su área de control y en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, presentó una denuncia formal ante la UFI Nº 8 de La Plata luego de advertir una presunta maniobra de estafa vinculada a falsas promesas de ingreso laboral a la institución.

Tras las primeras verificaciones internas, se confirmó que la principal acusada no integra el SPB. La causa quedó radicada en la fiscalía a cargo de Martín Almirón, que ya venía interviniendo en el expediente a partir de las actuaciones impulsadas por la DDI local.

Según el parte oficial, la pesquisa se inició a raíz de múltiples denuncias y apunta a un grupo de personas que habría ofrecido supuestos puestos de trabajo mediante procedimientos que simulaban instancias reales de selección. La mujer señalada se presentaba como “jefa” dentro de la fuerza y convocaba aspirantes a través de grupos de mensajería, entre ellos el ya mencionado “Camaradas 2026”.

Bajo esa apariencia de autoridad, se les solicitaba abundante documentación sensible -DNI, CUIL, certificados, títulos, constancias de domicilio y antecedentes- además de la participación en reuniones virtuales, formularios y entrenamientos físicos obligatorios. Parte de esas prácticas se realizaban en el Parque San Martín, con consignas estrictas de vestimenta y presentación.

El comunicado advierte que en el expediente se investiga si, en algunos casos, se habrían requerido sumas de dinero, incluso a quienes desistían de continuar con la supuesta postulación. En la causa figuran además otros tres hombres imputados, señalados como instructores u oficiales, y se secuestraron celulares que podrían contener información clave.

En medio del revuelo que generó el caso, el abogado Fabián Musto, representante de algunas de las personas que denunciaron la maniobra, aseguró que en las últimas horas se habrían producido llamados telefónicos intimidatorios contra denunciantes. Según indicó, esos episodios ya fueron puestos en conocimiento de la Justicia.