Fallo a favor por YPF: las claves de un “triunfo”

Fue un fallo de 56 páginas que se resumió en 49 palabras. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia que condenaba a la Argentina a pagar más de U$S16.000 millones al fondo inglés Burford Capital por la expropiación de YPF ocurrida en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La decisión, votada dos a uno por los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, anuló de manera completa lo resuelto por la jueza Loretta Preska y devolvió la causa para que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios de la Cámara.

El tribunal sostuvo que las reclamaciones de daños por incumplimiento de contrato contra la Argentina y YPF no son reconocibles según la ley argentina, y que los reclamos restantes carecen de mérito. El argumento central de la mayoría fue que los estatutos de una sociedad anónima cumplen un papel organizativo interno y no constituyen contratos bilaterales exigibles entre accionistas privados y el Estado. Además, el fallo estableció que, aun si se aceptara que existió un contrato bilateral, los reclamos de daños quedan vedados por el derecho público argentino sobre expropiación. En términos llanos: el Congreso y sus leyes están por sobre el estatuto de cualquier empresa.

Más allá de los argumentos jurídicos, la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos tuvo un rol determinante en el proceso. El alineamiento del presidente Javier Milei con Donald Trump permitió construir un sólido frente diplomático que operó activamente en los meses previos al fallo.

En febrero pasado, el gobierno estadounidense presentó ante la jueza Preska un escrito de 29 páginas en el que advirtió que sancionar a un Estado soberano en tribunales locales podría generar un efecto bumerán sobre la reciprocidad que Washington espera recibir en cortes extranjeras. Semanas después, el Departamento de Justicia solicitó participar oralmente en la audiencia para defender la posición argentina. No hizo falta: la Cámara frenó todas las causas paralelas hasta resolver la cuestión de fondo.

La oposición a Burford Capital no provino solo del gobierno estadounidense. Una amplia coalición de cámaras empresarias y grandes corporaciones norteamericanas ya venía expresando su rechazo a la práctica del financiamiento de litigios por terceros, especialidad en la que Burford se destaca. La US Chamber of Commerce articuló ese frente: cientos de cámaras de comercio de localidades y estados, desde Alaska hasta Wyoming, y empresas como Abbott, AT&T, Comcast, Verizon, Bayer, Eli Lilly, ExxonMobil y Zurich respaldaron un proyecto legislativo republicano para regular y transparentar esa industria.

En Argentina, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham), que nuclea a más de 700 empresas responsables del 24% del PBI local, celebró el fallo y lo encuadró como una señal positiva para el clima de negocios.

El fondo inglés, cuyas acciones se derrumbaron hasta un 50% al conocerse el fallo, anticipó que no acatará la derrota. En un comunicado, su director ejecutivo Christopher Bogart calificó la decisión de “decepcionante” y señaló que los demandantes evalúan pedir una revisión en pleno ante todos los jueces del Segundo Circuito, aunque reconoció que ese tipo de solicitudes rara vez prospera. También dejó abierta la posibilidad de escalar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos y activar un arbitraje ante el Ciadi, el tribunal de inversiones del Banco Mundial.