Inquietud en el Gobierno por los fallos contra la reforma laboral

En el Gobierno existe preocupación por el futuro de la reforma laboral aprobada por el Congreso a partir de los fallos judiciales que suspendieron la aplicación de varios de los artículos de la legislación que promovió Javier Milei.

La posibilidad de que los jueces laborales fallaran en contra de la Ley 27.802 de Modernización Laboral estaba dentro del menú oficial. Ahora el Gobierno apelará el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que frenó la norma tras un planteo de la CGT.

En la Casa Rosada “había una expectativa clara de que la reforma laboral se iba a judicializar, pero no se preveía que algunos jueces se iban a animar a tanto”, decían algunas fuentes en referencia al titular del Juzgado del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, que entre 2004 y 2012 se desempeñó como asesor de Carlos Tomada, el ministro de Trabajo de Néstor y Cristina Kirchner en sus 12 años de gestión.

“Ojeda debió haberse excusado porque es parte del kirchnerismo, como alguna vez se excusó otro juez laboral en una causa porque había cobrado honorarios para dar una conferencia en un sindicato”, dijo la fuente.

Por otra parte, el titular del juzgado del trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, dictó un fallo que, tras un planteo de la Unión Docentes Argentinos (UDA), suspendió la aplicación del artículo de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y obliga a los sindicatos del sector a mantener un 75% de prestación normal de la actividad en caso de huelga.

Tras la apelación oficial, la revisión del fallo de Ojeda estará a cargo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que tampoco garantiza nada para el Gobierno porque, como dicen en Balcarce 50, “depende de qué sala de la Cámara te toque; algunas son imparciales y otras siguen siendo radicalizadas”.

La estrategia que analizan los expertos jurídicos libertarios es que todo lo vinculado con la ley laboral confluya en el fuero contencioso administrativo. De hecho, ese fuero, tras un planteo del Gobierno, tomó la causa en la que la justicia del trabajo suspendió el traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Esa jugada oficial, si sale bien, permitiría que también la presentación judicial de la CGT contra los cambios laborales individuales y colectivos pase a un fuero que la Casa Rosada considera más amigable y que “no está contaminado por la ideología y el sectarismo”.

En el Gobierno sostienen que buena parte de la Justicia laboral está identificada con sectores del kirchnerismo.