La UBA le pidió a la Corte que se expida sobre la ley

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha decidido mover una pieza determinante en el tablero institucional: le solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga con celeridad sobre la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso pero que el Gobierno se niega a poner en práctica hasta que no se determine de dónde saldrán los fondos.

Al exigir su “inmediata aplicación”, la UBA denuncia una parálisis de hecho por parte del Gobierno nacional, a quien acusa por el desfinanciamiento como herramienta de ajuste fiscal.

El análisis de los datos permite ver que la crisis no es unidimensional. La Ley de Financiamiento tiene dos columnas vertebrales que hoy están quebradas: por un lado el gasto de funcionamiento, Fondos para que las facultades abran sus puertas, mantengan hospitales y centros de investigación. Por el otro, la recomposición salarial, el punto de mayor fricción.

Los docentes y nodocentes han visto sus ingresos licuarse frente a la inflación, lo que genera, denuncian, una “fuga de cerebros” hacia el sector privado o el exterior, amenazando la calidad académica a largo plazo.

LA CORTE COMO ÁRBITRO

Al apelar a la Corte, la UBA busca que la Justicia defina si el Poder Ejecutivo tiene la facultad discrecional de no aplicar una ley que ya fue votada y reglamentada.

Ahora bajo presión para decidir si la estabilidad fiscal puede estar por encima de leyes de financiamiento específico, el máximo tribunal de Justicia debe expedirse aunque estiman que no será en poco tiempo, a pesar del pedido de las autoridades de la UBA.

En medio de un clima de tensión creciente entre la administración de Javier Milei y la comunidad universitaria, este movimiento jurídico pareciera ser el preludio de una profundización del conflicto.

Si la Corte decide no intervenir “a la mayor brevedad”, el escenario más probable es un incremento de la conflictividad social y gremial. La UBA ha dejado claro que la vía del diálogo administrativo está agotada. Al judicializar el reclamo, la universidad está diciendo que la autonomía y la supervivencia de la educación pública ya no dependen de una negociación en un despacho oficial, sino de la interpretación constitucional de la Corte. El silencio del tribunal en los próximos días será leído como una señal política de alto impacto en el sistema universitario nacional.