El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, firmó una resolución que restablece las funciones de contrainteligencia militar dentro de las Fuerzas Armadas y deroga una normativa vigente desde 2006, dictada durante la gestión de Nilda Garré.
La medida reorganiza el Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF) y reintegra funciones que habían quedado separadas durante el kirchnerismo. Según la resolución 323/26, aquella norma “debilitó el Sistema de Inteligencia en el ámbito de la Defensa Nacional, tornándolo vulnerable a las actividades de Inteligencia de actores externos”. Y advierte que “la evolución de la situación regional y mundial pone en evidencia el surgimiento de diferentes amenazas, nuevas formas de accionar en conflictos bélicos e incluso tácticas híbridas”, entre ellas ciberataques y operaciones en el campo cognitivo.
Según se precisó oficialmente, el área de contrainteligencia pasará a depender del Estado Mayor Conjunto. La norma prohíbe expresamente el espionaje interno y toda inteligencia sobre personas por razones políticas, sindicales o religiosas.
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