Después de un día de tensión y polémica, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aceptó ayer presentarse a declarar como acusada en una causa por supuesto fraude y entonces la Justicia levantó la orden de detención que pesaba sobre ella y la eximió de prisión, tal como había pedido su defensa al ofrecer su comparecencia el próximo lunes.

La medida fue dispuesta por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que sustancia la causa por el plan de viviendas llamada “Sueños Compartidos” donde están imputados la dirigente, los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y el detenido ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros.

Pero pese a ceder en su postura, que acompañaron varios referentes del kirchnerismo, Bonafini continuó con su duro discurso contra la Justicia y contra el Gobierno. Desde Mar del Plata, realizó una convocatoria para los días 26 y 27 de agosto próximo a “tomar las calles y las plazas”. En ese contexto, dijo que “tenemos que ir a las plazas y decir ‘Macri, pará loco”, y aclaró que “la plaza no la llena la CGT, ellos convocan desde su asiento de reyes, pero si no van los trabajadores, quedan como tarados”, señaló.

INVESTIGAN ENCUBRIMIENTO

Mientras se investiga si alguien la ayudó a evadir la acción de la justicia, indicaron fuentes judiciales. La ex ministra de Cultura, Teresa Parodi; el ex secretario de legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, y el diputado nacional Andrés Larroque fueron denunciados ayer penalmente por impedir que Bonafini fuera detenida por la policía, que actuaba en cumplimiento de una orden impartida por el juez Martínez de Giorgi.

La denuncia es por el delito de “encubrimiento” previsto en el articulo 227 del Código Penal y fue realizada por el abogado Santiago Nicolas Dupuy de Lome, un habitual denunciante de politicos y ex funcionarios kirchneristas.

“Celebro esta presentación y la muestra de racionalidad”, dijo por su parte el juez a los periodistas de tribunales, luego de que Bonafini informara su voluntad de presentarse a declarar.

Primero un abogado de La Plata, Juan Manuel Morente, que el jueves había acercado la carta de la jefa de las Madres diciendo que era víctima de la “mal llamada justicia”, se presentó oficialmente como defensor, mientras un letrado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en su rol de querellante, solicitó buscar canales de diálogo para descomprimir la situación.

El letrado Eduardo Fachal había dicho que “como abogado tengo que hacer cumplir las leyes vigentes, y en ese sentido, fue lo que le recomendé a Hebe en ese momento. Yo le recomendé que fuera y que declarara”. Igual el abogado trató de despegarla del caso: “No tiene absolutamente nada que ver, porque todos los contratos y pagos a proveedores, aportes previsionales, de ART, no los hicieron (Sergio) Schoklender ni la gente que llevó a trabajar a la fundación. Incluso hay un balance que infló el abogado que llevó Schoklender para que no de quebranto”.

IGUALES ANTE LA LEY

Por su parte, referentes de derechos humanos criticaron el procedimiento para detenerla, pero advirtieron que “todos somos iguales” ante la ley y “cada ciudadano tiene que responder como corresponde a la Justicia”.

No obstante, desde el kirchnerismo más duro siguieron cuestionando al juez y defendiendo a rajatabla a la titular de Madres.