Un rostro ignorado detrás del gran negocio de tragamonedas

La explotación de los juegos de azar deja una incalculada pero importantísima cantidad de millones de pesos y ha generado muchos enfrentamientos en todo el país. Los grandes empresarios que manejan ese negocio son parte de un círculo muy pequeño en el que no es fácil penetrar, aunque algunos -como el hermano de Alfredo Yabrán en Entre Ríos- lograron autorizaciones para instalar tragamonedas. Néstor Lucio Masero no es conocido en ese mundo como un par sino como uno de los más fuertes empresarios del juego. Se sabe que es uno de los dueños de la empresa que explota el casino de Puerto Madryn. Lo que nadie sabe, aun entre los iniciados, es que Masero también tiene intereses en agencias hípicas bonaerenses; un sector que desde hace un año viene explotando máquinas tragamonedas a pesar de que las normas de la Provincia no se lo permiten.
Este empresario ha logrado evitar la exposición y el escrutinio público, aunque es uno de los hombres con mayor inserción en la explotación de los juegos de azar en la Argentina. Nadie habla de Masero, aunque está envuelto en operaciones muy importantes que son por lo menos conflictivas en varias esferas y hasta en los tribunales.
Masero fue designado en 1997 presidente de la empresa Punto y Banca SA, que explota el casino de Puerto Madryn, Chubut. Asumió la presidencia "representando al 100% del capital social" que en aquel momento fue elevado de 300.000 a un millón de pesos, según consta en actas oficiales en las que se dejó constancia de que también era socio en esa firma Alfredo Luis Martínez, el presidente de la Cámara Argentina de Agencias de Turf.
Pero Punto y Banca SA no es la única empresa en la que Masero y Martínez son socios. Ambos son accionistas también de Hípica del Oeste, una sociedad anónima que explota dos agencias hípicas de la provincia de Buenos Aires, las de Haedo y Cañuelas.
Y esas dos agencias figuran entre los locales que lograron seguir explotando las tragamonedas que instalaron hace casi un año -a pesar de no estar autorizadas a ello por las normas bonaerenses- gracias a una medida cautelar concedida por un juez federal de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, según consta expresamente tanto en la demanda como en el fallo.
Curiosamente, según documentación a la que este diario tuvo acceso, Hípica del Oeste comparte los síndicos -Ernesto Danti y Oscar Compagnucci- con otra empresa en la que el socio de Masero en aquella firma, Martínez, aparece como único accionista junto a una sociedad extranjera. Se trata de Pomavi SA, que maneja otras dos agencias hípicas bonaerenses, las de Ciudadela y General Paz, también beneficiadas por el amparo del magistrado de Posadas.
Por lo demás, este socio de Masero en el negocio de las agencias hípicas es el motor de las demandas ante la Justicia con que el sector ha logrado hasta ahora explotar las tragamonedas sin controles: Alfredo Luis Martínez es quien, en su condición de presidente en ejercicio de la Cámara Argentina de Turf, presentó y firmó todos los recursos judiciales realizados en el último año.

NEGOCIO MULTIMILLONARIO
La resolución del juez misionero -José Luis Casals- prohibió a todos los organismos bonaerenses (hasta los tributarios) disponer medida alguna que afecte la explotación de tragamonedas en 29 agencias hípicas de nuestra provincia (entre ellas las que maneja la empresa de Masero-Martínez) y ordenó que la Gendarmería actúe, "si es necesario", para el cumplimiento de su fallo.
Dispuso también el juez de Posadas que las agencias beneficiadas le paguen al Estado bonaerense un canon muy reducido: 30.000 pesos mensuales. En todo el mundo las tragamonedas son un negocio multimillonario, por lo tanto muy controlado por los agentes fiscales; y en nuestra provincia existe un dato de referencia: los bingos, que están autorizados a utilizar las máquinas, pagan un canon que le significa al Estado un ingreso de 200 millones de pesos anuales.
Frente a ese panorama, está claro que no sólo es ridículamente bajo el canon que deben pagar las agencias hípicas bonaerenses por disposición del juez misionero, sino que además, al explotar tragamonedas al margen de las normas de la Provincia y sólo con autorización judicial, evitan vitales controles sobre la proporción de las jugadas que se devuelve a la gente en premios y ni hablar sobre el pago de otros impuestos y otras obligaciones.

ANONIMOS, DIFAMACION Y PRESIONES
En realidad, la historia de la campaña de las agencias hípicas para manejar tragamonedas comenzó en febrero de 2002 con un panfleto anónimo que contenía gravísimas injurias contra autoridades provinciales, en lo que fue un ataque inusual por el cariz de la difamación aún en el pesado mundillo de los anónimos, y que se combinó con campañas pseudoperiodísticas en apoyo de las pretensiones de las agencias y con ataques personales a todos aquellos que no las apoyaran.
En ese tiempo en la Legislatura se había decidido sancionar una ley que regulase el uso de tragamonedas. Hacía cinco años que los bingos explotaban ese juego mediante autorizaciones administrativas pero pagaban un canon muy bajo y no se ejercía un control efectivo sobre su uso. Al conocerse esa intención de los legisladores, se inició un poderoso lobby para que las agencias fueran incluidas entre los sectores autorizados a manejar tragamonedas.
Pero los diputados y los senadores, de todos los partidos, no estaban dispuestos a expandir el uso de ese juego y se proponían regular su utilización sólo en el sector que ya lo explotaba, los bingos. Fue entonces que apareció el panfleto anónimo contra autoridades provinciales, que incluía además la amenaza expresa de que vendrían otras "ediciones" atacando a otros legisladores. La gravedad de esa "publicación" -apoyada con un notorio aparato de difusión: señoritas que, al modo de las promotoras de publicidad, distribuían en mano el panfleto por toda La Plata a automovilistas y peatones- dio lugar a una denuncia y al inicio de una causa penal que se investiga en los tribunales.
En medio de crecientes presiones, la sanción de esa ley se seguía demorando y el Ejecutivo provincial optó por normalizar la situación de vacío que se había creado en torno del uso de tragamonedas, dictando un decreto basado en el mismo criterio de años anteriores y de los legisladores: no expandir ese juego. Así, esa norma restableció la autorización para explotar esas máquinas a los bingos y fijó que el 85% del producido debía devolverse en premios y que las empresas debían pagar al Estado un canon del 34% de las utilidades brutas. Estableció también que todas las máquinas deben funcionar en un sistema on line para su control.

DE JUEZ EN JUEZ
A partir de allí, unas 30 agencias hípicas instalaron las tragamonedas (no menos de diez en cada local y en algunos hasta 30) sin soporte normativo, e iniciaron a continuación una ofensiva en la Justicia que se mantiene hasta ahora y que verificó numerosas situaciones conflictivas, en las que los demandantes fueron seriamente cuestionados por las maniobras realizadas durante los diferentes procesos.
El primer recurso se presentó en mayo ante el juez federal de La Plata Julio Miralles, quien dictó una medida de no innovar en favor de la explotación de las tragamonedas en las agencias hípicas que fue cuestionada con extrema dureza por la Cámara Federal, que consideró que el magistrado era manifiestamente incompetente y que había concedido el amparo con "absoluta falta de fundamentos".
En forma paralela las agencias presentaron una demanda ante la justicia provincial, concretamente ante el juez civil de La Plata Tomás Ide, quien también respondió favorablemente la pretensión de las agencias prohibiendo al Estado bonaerense afectar el uso de tragamonedas en esos locales.
Los demandantes fueron severamente cuestionados por ese recurso por la Cámara Federal que, al resolver sobre la medida de Miralles, consideró que la actitud de presentarse ante la justicia provincial cuando todavía no se había agotado el trámite en la justicia federal constituyó "un comportamiento impropio de la lealtad, probidad y buena fe exigidas".
Pero fue la Suprema Corte bonaerense el tribunal que objetó con mayor dureza ese trámite.
Es que, para esquivar el sorteo que se hace en la justicia civil para determinar qué juzgado trata cada demanda que ingresa, el abogado de las agencias hípicas, el platense Mario Baudry, dijo que ese recurso estaba relacionado con una causa que ya se tramitaba en el juzgado de Ide, y el juez aceptó ese planteo y tomó la demanda. Pero la Corte advirtió que la causa presuntamente conexa al caso de las tragamonedas correspondía a un accidente de tránsito. Por eso, el máximo tribunal bonaerense, además de anular el amparo, ordenó que se investigaran las conductas del juez y del abogado y envió los antecedentes a la justicia penal por la presunta comisión de ilícitos. Después se plantea la misma cuestión ante el juzgado federal de Misiones.

EL JUEGO CLANDESTINO
Por lo demás, en medio de estos trámites judiciales apareció Roberto Lafont. Conocido como "El Lujanero", este hombre había sido procesado y detenido en 1998 como presunto capitalista de juego clandestino, en el marco de la "megacausa del juego" que investigó el juez platense César Melazo y que más tarde fue sobreseída por la Cámara Penal por considerar que en los operativos se violaron garantías constitucionales. Al ser detenido Lafont, su abogado, el ex diputado provincial Joaquín Nogueira, había argumentado en su defensa que El Lujanero "hacía dos años que se había retirado del juego ilegal". Y en su libro "La Mordida" sobre aquella investigación, el magistrado describe a Lafont como un hombre que habría crecido económicamente a través de presuntas vinculaciones con distintas cúpulas de la Policía Bonaerense.
Lo cierto es que el año pasado una propiedad de Lafont ubicada en Luján fue ofrecida como garantía por la Cámara de Agencias de Turf -que, como se dijo, preside el socio de Masero en algunas agencias hípicas bonaerenses- en el marco del amparo que se tramitó ante el juez Miralles. Y en junio pasado un hombre que "se identificó como Lafont" durante una inspección policial a la agencia hípica de Luján, donde se constató que funcionaban 24 máquinas, amenazó con denunciar a los policías que hacían el procedimiento, que había sido ordenado por el Instituto de Lotería (el órgano de control de las agencias), según consta en el informe oficial labrado en la ocasión.

"MANIOBRAS MAFIOSAS"
Transitando este camino de conflictos y recursos severamente cuestionados en las instancias superiores de la Justicia, las agencias hípicas bonaerenses -cuyos titulares le adjudican una posición de liderazgo e importantes vinculaciones políticas a Néstor Masero- hace casi un año que explotan tragamonedas sin que nadie pueda controlar qué premios pagan y, lo que es peor, sin pagar impuestos ni canon a un Estado provincial que enfrenta la más profunda demanda en asistencia social y en los servicios esenciales de salud pública y seguridad.
Hace tres semanas, en su mensaje anual a la Legislatura, al pedir la sanción de una ley sobre la explotación de tragamonedas, el gobernador Solá describió la existencia de "amparos judiciales increíbles, campañas difamatorias, desinformación cotidiana y presiones de todo tipo"; habló de "las maniobras mafiosas de sectores del juego afectados"; y de "la acción de aventureros de toda laya enquistados en los quehaceres más diversos". Y dijo que sus autores "están detrás de un botín que pertenece sólo a los bonaerenses".