Con dos meses de retraso, el Gobierno nacional se apresta a reglamentar la ley de uso medicinal del cannabis, aprobada por el Congreso el 29 de marzo pasado y promulgada en el Boletín Oficial el 18 de abril. La tardanza del Poder Ejecutivo se debería a que funcionarios de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Salud quieren delimitar con exactitud el alcance de la normativa.
Así lo admitieron a EL DIA fuentes oficiales involucradas en la tarea de estudiar la ley sancionada por el Congreso y reglamentar su instrumentación. Como primera medida, los funcionarios dejarán taxativamente anulada la implementación del auto-cultivo de la marihuana por parte de las familias, una potestad que reclaman varias entidades que impulsaron la nueva legislación.
A partir de esa prohibición, la reglamentación crearía un “Programa nacional de cannabis medicinal”, en la órbita del Ministerio de Salud, que contará con su propio presupuesto –eso sería justamente parte del debate interno en el Gobierno- y que tendrá a su cargo la apertura de un registro de médicos autorizados a prescribir y pacientes que necesitan recibir el producto.
Como la norma aprobada por el Poder Legislativo establece que el suministro del producto debe ser gratuito, los funcionarios que trabajan en la reglamentación de la normativa pueden seguir dos caminos: destinar una partida de fondos específica para la importación del aceite de cannabis, o bien autorizar la plantación y producción por parte de organismos como el INTA y el CONICET.
De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, en el segundo caso tendrá que involucrarse el Sistema Nacional de Laboratorios Públicos, que dirige el platense Adolfo Sánchez de León, para fijar las pautas de producción y certificar la calidad del producto. Ya hubo comunicaciones de laboratorios de Santa Fe, Córdoba y San Luis sobre su intención de ingresar en ese mercado.
En algunos distritos donde las familias ya utilizan el aceite de cannabis de producción propia, hay laboratorios que verifican el producto. El problema surge cuando se certifica que la concentración del cannabis en el aceite es insuficiente, por lo cual el efecto termina siendo el de un placebo. Otro factor que analizan los funcionarios es que el producto no se convierta en un “todo-terreno”.
Esto es, que el aceite de cannabis se termine recetando para cualquier tipo de enfermedad y no para algunas formas de epilepsia, que son las que motivaron originalmente la sanción de la ley. Hasta el momento, la Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT) autoriza la compra en el exterior de aceite de cannabis que se produce principalmente en laboratorios de los Estados Unidos, a un costo promedio de 100 dólares el frasco, que dura aproximadamente un mes.
SUSCRIBITE a esta promo especial