Detienen a dos funcionarios de Trabajo por pedir coimas

Dos funcionarios del ministerio de Trabajo bonaerense fueron detenidos ayer, acusados de pedir coimas a un empresario de la construcción de Escobar. En la maniobra están involucrados el delegado regional de Campana, Julio Amoroso, y un inspector de la cartera laboral, Gustavo Domínguez, quienes quedaron a disposición de la fiscalía de esa ciudad acusados del presunto delito de extorsión.

La historia del caso arrancó hace algunas semanas cuando el desarrollador de un country denunció en el ministerio de Trabajo bonaerense que funcionarios de la delegación Campana de esa cartera le estaban exigiendo sumas de dinero con el objeto de no realizar inspecciones en la obra. También se comprobó que los imputados ingresaban al sistema informático del ministerio para generar falsas denuncias con el propósito de realizar esas inspecciones.

A partir de la denuncia, la cartera que conduce Marcelo Villegas notificó del caso a la Procuración de la Corte, lo que dio inicio a un procedimiento para detener a ambos funcionarios. Fue así que se convino marcar los billetes de la coima exigida (unos 40 mil pesos aportados por el propio ministerio), que el empresario se encargó de llevar al lugar pactado, en la propia delegación de Campana.

A ese lugar concurrieron efectivos policiales y de la fiscalía de escobar, a cargo de Facundo Flores, quienes detuvieron a los dos funcionarios en momentos en que recibían el dinero.

El delegado de Campana había llegado al cargo apoyado por el intendente Sebastián Abella (Cambiemos). El inspector era personal de carrera. “Esto demuestra que este gobierno tiene tolerancia cero con la corrupción, no le damos impunidad a nadie”, le dijo el ministro Villegas a este diario.

En forma paralela a la investigación judicial que recién se inicia -trascendió que existen más denuncias-, se puso en marcha el proceso administrativo para la separación del cargo del delegado y del inspector. Amoroso ya fue echado de la delegación y a Domínguez se le inició un proceso administrativo que seguramente concluirá con su exoneración.