Piden detener a Tapia: también a Toviggino, e indagarlos

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita agravada.

El requerimiento fue presentado ante el juez federal Sebastián Argibay, aunque por encontrarse de licencia el expediente quedó en manos de un magistrado de turno en Tucumán. En su dictamen, el fiscal también solicitó allanamientos, peritajes contables y la inhibición general de bienes de los imputados, que abarcaría empresas, inmuebles y vehículos.

Según se desprende de la acusación, el pedido de detención se sustenta en la gravedad de los delitos investigados y en la posibilidad de que los acusados puedan entorpecer la investigación o eludir a la Justicia.

UNA PRESUNTA ESTRUCTURA PARA DESVIAR FONDOS

De acuerdo con el dictamen fiscal, Tapia habría tenido un rol clave al autorizar transferencias desde la AFA hacia empresas vinculadas a Toviggino, que habrían funcionado como una estructura destinada a canalizar fondos. Estas sociedades, según la investigación, emitían facturas por servicios que en muchos casos no se habrían prestado, lo que permitía justificar los movimientos de dinero.

El fiscal describió este esquema como parte de una “organización criminal” con alcance nacional e internacional, que operó durante varios años y con importantes recursos económicos. En ese marco, sostuvo que las maniobras habrían generado un perjuicio económico para la entidad madre del fútbol argentino.

También se menciona la participación de otras empresas que habrían intervenido en operaciones vinculadas a la Selección argentina y a la comercialización de eventos en el exterior, lo que amplía el alcance de la investigación.

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CÓMO HABRÍA FUNCIONADO EL ESQUEMA

La causa detalla distintas etapas en el presunto circuito de lavado de activos. En una primera fase, los fondos obtenidos de manera ilícita habrían sido introducidos en el sistema financiero a través de una red de sociedades comerciales creadas o controladas por el entorno de Toviggino.

Luego, en una segunda etapa, esas empresas habrían emitido facturas entre sí —las denominadas facturas “interbloque”— con el objetivo de dificultar el seguimiento del dinero y simular operaciones comerciales.

Finalmente, el dinero habría sido reinsertado en el circuito legal mediante la adquisición de bienes —como inmuebles y vehículos—, así como a través de inversiones financieras, plazos fijos, compra de acciones y operaciones con dólar MEP. Según el fiscal, muchos de esos bienes estaban a nombre de las empresas pero eran utilizados de manera personal por los implicados.

LOS IMPUTADOS Y LAS MEDIDAS SOLICITADAS

La investigación alcanza a más de 20 personas, entre familiares, socios y allegados a Toviggino, algunos de los cuales habrían actuado como presuntos testaferros. El fiscal solicitó la detención de la mayoría de ellos, con excepción de dos hijos del tesorero.

Entre los bienes bajo análisis figuran decenas de propiedades, incluyendo estancias, casas y lotes, además de una importante cantidad de vehículos registrados a nombre de distintas sociedades. También se investigan movimientos migratorios y operaciones financieras realizadas tanto en el país como en el exterior.

RIESGO DE FUGA Y AVANCE DE LA CAUSA

El pedido de detención se fundamenta en el riesgo de fuga y en la posibilidad de entorpecimiento del proceso judicial. A su vez, los delitos imputados —asociación ilícita agravada y lavado de activos— contemplan penas mínimas de ocho años de prisión, lo que implicaría cumplimiento efectivo en caso de una eventual condena.

La causa se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia presentada ante la fiscalía de Santiago del Estero. En paralelo, Tapia y Toviggino ya están siendo investigados en otro expediente en la justicia federal de Campana, donde se analizan bienes y operaciones vinculadas a una propiedad de alto valor en Pilar.

En ese contexto, la Cámara Federal de Casación Penal deberá definir la competencia entre los distintos juzgados intervinientes, mientras avanza esta nueva investigación que podría ampliar el alcance de las acusaciones.