Rechazo social a las amenazas de bomba contra las escuelas

En el frente de la escuela 41 de La Granja apareció en estas jornadas una pizarra informando que, en cada día de la semana, se registró una amenaza de bomba, según lo ilustró una foto publicada en este diario. Ese texto se veía rematado por un reclamo también escrito en tiza que decía “basta de bombas”, en lo que resultó ser una elocuente síntesis del verdadero hartazgo existente en la Ciudad a partir de estas situaciones, que se presentaron en muchas sedes escolares.

Lo cierto es que hace algo más de dos meses se analizaba aquí el lamentable rebrote de las amenazas de bombas registradas contra escuelas de la Región, en una situación que obligaba a realizar evacuaciones de las sedes escolares con intervenciones de los cuerpos de bomberos y de efectivos policiales de las tres ciudades.

Se advirtió entonces una reacción de las autoridades que, en principio, pareció frenar lo que aparecía como una seguidilla de actos similares, pero con posterioridad se sucedieron oleadas de amenazas similares que, ciertamente, golpean contra el sistema educativo de nuestra zona.

En ese contexto tomó estado público la intervención de un juez penal platense que, en principio, parecía disponer que, de ahora en más, las escuelas que recibieran amenazas de bomba no debían resolver la evacuación de los alumnos, mientras se buscaba el explosivo en el establecimiento, contradiciendo así el protocolo dispuesto por el área educativa.

Sin embargo, con posterioridad y ante la nota aclaratoria enviada por el magistrado, acerca de que es la Policía la que no puede dar la orden de evacuación, serán los directivos escolares los que deberán seguir empleando el protocolo de Educación para enfrentar estas emergencias.

A grandes rasgos debe insistirse en que las autoridades educativas y policiales, así como las comunidades educativas, no deben ceder un ápice en la lucha contra este inexplicable flagelo, seguramente instigado por personas a quienes lo que menos les interesa es la capacitación y formación de los alumnos.

Cabe recordar que las amenazas de bomba activan automáticamente las alarmas en bomberos y hospitales, donde se disponen de inmediato medidas para eventuales emergencias. Los autores de estos llamados anónimos debieran cobrar conciencia de los trastornos que causan y los temores que desencadenan, hasta que finalmente, en cada uno de los casos, se comprueba que tales anuncios fueron falsos.

Está claro que, además de las imprescindibles acciones -bien sea en las áreas educativa, judicial y policial- y de las eventuales sanciones que les correspondan a los autores de estas amenazas, debe existir una fuerte conciencia social de rechazo a una modalidad tan lamentable y antidemocrática.