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Dr. Rodrigo Cataldo *
En estos días vemos en distintos países, algunos de nuestra región, que los magistrados se encuentran frente al desafío de tomar decisiones de incalculable trascendencia, cuyos efectos repercutirán en el futuro inmediato de los sistemas democráticos que los contienen. Sabíamos que este sería el siglo de los jueces, pero no podíamos imaginar hasta qué punto la historia nos pondría a prueba.
Este año por primera vez una ley, la 15.044 de creación de la Comisión Permanente del Mapa Judicial de la Provincia de Buenos Aires, reconoce el rol central del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires en el sistema judicial y le asigna un lugar permanente en la comisión que se encargará, entre otras cosas, de “Proponer las acciones necesarias, incluida la elaboración de anteproyectos legislativos, tendientes a la implementación progresiva de la autarquía del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires” y que podrá “opinar, recomendar y proponer” en todas las materias referidas a la creación de nuevos órganos o modificación de los existentes, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, al ordenamiento funcional y territorial, etc.
El Colegio provincial, que representa a más de 7.600 magistrados y funcionarios de todos los fueros, asume un nivel de interlocución muy jerarquizado e institucionaliza su participación en las mesas de diálogo que definirán elementos centrales del sistema de justicia local.
Siempre que hemos sido convocados a participar de procesos de reforma del sistema, lo hicimos incorporando datos, soluciones técnicas y la experiencia concreta de las realidades de la extensa y heterogénea geografía que nos contiene. Nuestras prioridades son ampliar el acceso a justicia por parte de los ciudadanos, incrementar la celeridad de la respuesta jurisdiccional y mejorar el desempeño de sus operadores. Sabemos que nada de esto es posible sin recursos y sin un Poder Judicial verdaderamente independiente, por eso defendemos e impulsamos la autonomía presupuestaria y la autarquía económico-financiera del Poder Judicial, supuestos imprescindibles de una auténtica división de poderes.
Los magistrados de la provincia de Buenos Aires dimos sobradas muestras de madurez y responsabilidad en otros momentos difíciles de nuestra historia. Quienes hemos asumido el compromiso republicano de ejercer responsabilidades en la administración de justicia y el ministerio público debemos redoblar nuestros esfuerzos por poner moderación y contribuir a la pacificación de nuestra sociedad.
* Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Prov. de Bs. As.
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