España: arranca el juicio a los líderes secesionistas catalanes

En ese marco, hubo protestas a favor y en contra 


Doce políticos y líderes independentistas se sentaron hoy ante el Tribunal Supremo español para ser juzgados por el intento fallido de secesión catalán de 2017, en el arranque del juicio de mayor trascendencia política de la historia reciente de España. 

En medio de gran expectativa mediática, el comienzo del juicio oral volvió a elevar la tensión política al poner en el foco el irresuelto conflicto secesionista, en un momento de gran incertidumbre para el país ante la posibilidad de un adelanto electoral. 

A las puertas del alto tribunal de Madrid, fuertemente custodiado, hubo protestas a favor y en contra de los secesionistas, que mostraron la fractura entre quienes reclaman "libertad para los presos políticos" y los que piden castigo a los "golpistas". 

Con la mirada puesta en los líderes independentistas sentados en el banquillo de los acusados, los abogados de la defensa tomaron la palabra para cuestionar la "imparcialidad" del tribunal y denunciar la vulneración de sus derechos fundamentales. 

"Esta causa es un atentado contra la disidencia política", aseguró el defensor del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, el abogado Andreu Van den Eynde, en el arranque de la sesión. 

Por su papel de promotor de la rebelión que supuestamente tuvo lugar en Cataluña, Junqueras afronta un pedido de la Fiscalía de 25 años de prisión, una acusación que, según su letrado, responde a la aplicación del "derecho penal del enemigo". 

"No hay ninguna ley internacional ni europea que impida la secesión. La autodeterminación es sinónimo de paz y no de guerra", subrayó el letrado, quien presentó el proceso como "una causa general" contra el independentismo catalán. 

Por su parte, el abogado Jordi Pina, que entre otros defiende al activista Jordi Sánchez, puso en duda la legitimidad de propio tribunal: "Yo les pido que hagan de jueces, no de salvadores de la patria", sostuvo. 

El Tribunal Supremo juzga a un total de 12 políticos y activistas que participaron del llamado "procés", el plan del gobierno del destituido ex presidente Carles Puigdemont que desafió una prohibición judicial celebrando un referéndum de autodeterminación que derivó en una declaración unilateral de independencia en octubre de 2017. 

Puigdemont, a quien la justicia alemana se negó a extraditar a España por considerar inadmisible el cargo de rebelión, es el gran ausente en este juicio penal que se presenta como un gran campo de batalla política. 

Por un lado, los secesionistas defienden que actuaron pacíficamente siguiendo un mandato democrático mientras, del otro lado, la Fiscalía y la acusación popular, que ejerce el partido ultraderechista Vox, denuncian una ruptura del orden constitucional equiparable a un golpe de Estado. 

"Ahora comienza un juicio que aprisiona demócratas por poner urnas", escribió en Twitter Puigdemont junto a una ilustración en la que se ve a un hombre en prisión con una urna donde debería estar la cabeza.

"Pediremos el final del golpe de estado. Que en el público esté sentado Quim Torra (el actual presidente catalán) es una demostración de que el golpe sigue vivo", afirmó por su parte el líder de Vox, Santiago Abascal, quien asistió al juicio acompañando al abogado de su partido, Javier Ortega Smith. 

Los 12 líderes secesionistas, nueve de los cuales se encuentran en prisión preventiva, enfrentan penas conjuntas que suman 177 años de prisión y 204 años de inhabilitación absoluta, por diferentes delitos, como rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y organización criminal. 

Torra se trasladó a Madrid junto con su gobierno, la cúpula de los partidos independentistas y los familiares de los acusados para apoyar a sus compañeros y "acusar al Estado español de la vulneración de los derechos civiles y políticos de los catalanes", según afirmó tras encabezar una manifestación independentista en rechazo al juicio. 

Una decena de manifestantes ultraderechistas con banderas españolas también se manifestaron en las inmediaciones del Supremo, mientras en Barcelona, grupos independentistas cortaron rutas y las principales calles del centro de la ciudad y planean movilizarse de forma constante durante todo el juicio.

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